Por Rafael Simancas*.- | Diciembre 2017
Los resultados de las elecciones autonómicas en Cataluña devuelven el contencioso ocasionado por el desafío separatista al escenario previo al 6 de septiembre, cuando las fuerzas independentistas ejecutaron su golpe a la legalidad y a la convivencia democrática. Aquella ruptura unilateral generó un colapso social, económico e institucional cuyas consecuencias tardarán mucho tiempo en superarse. Las urnas legítimas y libres del 21-D ofrecen una nueva oportunidad a la conjunción PDCat-ERC-CUP para perseguir una nueva relación de Cataluña con el resto de España y de Europa, pero esta vez respetando las reglas del juego de nuestra democracia.
Desde la perspectiva del progresismo español, los resultados electorales en Cataluña son malos, sin apenas matices. El independentismo se vuelve a imponer en escaños sobre las opciones no independentistas; si bien pierde en votos frente al no independentismo, cede la primera plaza y retrocede tanto en diputados como en porcentaje de apoyos respecto a las elecciones de 2015 y, desde luego, respecto a la parodia de votación del 1 de octubre. A la vez, la derecha de Ciudadanos y la antigua Convergencia, coincidentes en el apoyo a la reforma laboral del PP y a sus políticas de recortes, se impone sobre la izquierda; si bien lo hace sobre una estrategia de voto útil en clave de rechazo y apoyo al proceso separatista, respectivamente.
La conclusión es un panorama político e institucional complejo, difícil de gestionar y plagado de riesgos, tanto para la gobernabilidad de Cataluña, como para el reto decisivo de la recuperación económica, en Cataluña y en el resto de España. En consecuencia, se entienden mal las expresiones de alborozo que mostraron algunos en la noche electoral. Ciudadanos es la primera fuerza, pero el independentismo mantiene todas las bazas para gobernar. Puigdemont queda por delante de Junqueras, pero el separatismo que ambos dos representan es derrotado en votos. El PSC avanza, pero poco. Los comunes podemitas pagan su tacticismo con un fuerte retroceso. La CUP se disuelve, porque su radicalidad ya no es nada original en el separatismo. Y el PP se hunde con la sensación de haberle hecho el trabajo sucio a sus rivales más directos.
Hay algo importante por celebrar, sin embargo. Las previsiones de una participación record se confirmaron, y la ciudadanía catalana participó como nunca antes en unas elecciones decisivas para su futuro. Y la jornada se celebró sin apenas incidentes de mención, a pesar de las sombras de duda que intentaron arrojar precisamente aquellos que hace solo unas semanas, el último 1 de octubre, protagonizaron un vodevil sonrojante de votaciones al margen de la ley, sin censo, sin junta electoral, sin resultados verificables y sin garantía democrática alguna.
¿Y ahora? Con toda probabilidad, PDCat-ERC-CUP intentarán hacer valer su exigua mayoría en escaños, que no en votos, para formar Gobierno. Y probablemente lo lograrán, a pesar de las contradicciones internas en ese mundo, que no son menores, en estrategia y en desencuentros personales. Procurarán desarrollar su programa de horizonte separatista pero, eso sí, habrán de hacerlo conforme a la legalidad y sin hurtar sus derechos a la mayoría de ciudadanos catalanes que no votan separatismo. Porque si vuelven a actuar como el 6 de septiembre y los días sucesivos, a la democracia española no le quedará más remedio que defenderse aplicando la Constitución, con toda legitimidad.
Por tanto, el futuro debiera desterrar la unilateralidad separatista de unos, por ilegal, al igual que la cerrazón inmovilista de otros, por contraproducente. Es tiempo de reformas en la organización territorial del Estado, y esas reformas deben acometerse en el marco de la legalidad, pero de manera abierta y valiente. Desde el diálogo, el encuentro y la voluntad de acuerdo. Ahí está la Comisión de Evaluación y Mejora de la Organización Territorial del Estado, propuesta por el PSOE y constituida ya en el Congreso de los Diputados, para albergar los debates. Ojalá funcione.
Dos errores a evitar, por último. Cometerían un error los independentistas incursos en causas judiciales si interpretan los votos como una exoneración de sus responsabilidades ante la ley. Ningún porcentaje de votos faculta a nadie en democracia para saltarse impunemente las normas. Y se equivocarían también los dirigentes de Ciudadanos si intentan cobrarse rápidamente, en cash y en el escenario nacional, el buen resultado obtenido en Cataluña. Aquello ha sido excepcional, porque estaba en juego algo tan relevante y tan previo a la política como la propia convivencia democrática. En España, Ciudadanos ha sido, es y será ante la gran mayoría, tan solo esa media naranja que acompaña dócil y alegremente al PP en sus políticas más injustas de recortes sociales y precariedad laboral.
- * Rafael Simancas es Diputado electo por Madrid, Secretario General del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados y Profesor de Teoría Política de la Universidad Rey Juan Carlos
