La nueva Ley de Educación constituye una gran apuesta por la igualdad y la calidad en la enseñanza. Y no ha habido consenso porque no compartimos objetivos: la derecha busca reproducir desigualdades; la izquierda busca acabar con ellas.
La brutal campaña de descalificaciones y falsedades emprendida por la derecha política y mediática contra la LOMLOE da la medida de la importancia de esta norma para la gran mayoría de los españoles, y subraya el triunfo que su aprobación ha supuesto para el Gobierno progresista.
Más allá de mentiras, anécdotas y entretenimientos, la clave fundamental de la ley está en las medidas que incluye para acabar con las desventajas que sufren los escolares de familias con rentas medias y bajas en el acceso a una educación de calidad.
Esa es la finalidad primordial de la norma: lograr la igualdad de oportunidades para todos los niños y niñas. Que cada niño y cada niña disponga de los recursos precisos para llegar tan lejos como les lleven su esfuerzo y su talento, independiente de su origen social y la capacidad económica de su familia.
La batalla decisiva para la aprobación de la nueva ley y la derogación subsiguiente de la LOMCE se ha librado, en consecuencia, sobre tres cuestiones cruciales.
En primer lugar, se han suprimido los itinerarios que segregaban a los escolares en edades tempranas, arrojando a los socialmente menos favorecidos a la cuneta de una formación profesional “básica” devaluada y sin posibilidad de promoción educativa. La LOMLOE asegura planificación flexible y recursos pedagógicos para sacar adelante a todos los escolares.
En segundo lugar, se pone coto a la salida fácil, regresiva e injusta de las repeticiones masivas. La repetición de curso no es una solución, sino un drama. La nueva ley limita las repeticiones, recupera los exitosos programas de diversificación y faculta a los cuerpos docentes para adoptar las decisiones más adecuadas orientadas a la promoción de los estudiantes con dificultades.
Y en tercer lugar, se promociona la educación pública como vertebradora del sistema, frenando el drenaje de recursos públicos a la enseñanza privada. No se prohíbe la enseñanza concertada, ni se acaba con la “libertad” de los padres y madres para escolarizar a sus hijos e hijas en centros privados y concertados, pero se adoptan medidas para proteger a la enseñanza pública, que es la garante de la igualdad de oportunidades.
Las administraciones públicas garantizarán una oferta suficiente de plazas educativas priorizando a la enseñanza pública, y no favoreciendo a los centros privados bajo el subterfugio de la “demanda social”.
Los centros concertados sostenidos con fondos públicos ya no podrán “seleccionar” a su alumnado, excluyendo a los escolares con necesidades especiales. La cercanía y la renta vuelven a ser factores claves para organizar la escolarización. Estos centros no podrán separar a niños y niñas, contra el principio constitucional de la igualdad. Y se acabó el regalo de suelo público para el negocio de la enseñanza privada.
Otro de los espantajos manejados por la derecha en estos días contra la LOMLOE consiste en la falsa amenaza sobre el castellano como lengua oficial en toda España. Frente a las mentiras que se repiten, la realidad de la letra de la ley establece la garantía para el dominio pleno y equivalente del castellano, las lenguas cooficiales y, al menos, una lengua extranjera.
Un aspecto crucial en el nuevo texto tiene que ver con la participación. La Ley recupera el papel decisivo de los consejos escolares en el gobierno de los centros educativos, y proporciona nuevos cauces de participación al conjunto de la comunidad educativa, al modo en que hacen desde hace décadas los sistemas educativos con más éxito en el mundo.
Tampoco se acaba con la religión en la enseñanza, como se denuncia falazmente. La religión es de oferta obligada para los centros y de demanda optativa para el alumnado. Eso sí, como corresponde a un Estado no confesional, la asignatura de religión no computa en la nota media final, ni cuenta con asignatura alternativa o “espejo”.
La LOMLOE recupera una asignatura crucial de Educación en Valores Cívicos y Ética, y rescata asimismo la obligatoriedad de la filosofía en primero y segundo de bachillerato.
Además, impulsa de manera definitiva la educación infantil en su primer tramo de 0 a 3 años.
Una última falsedad, muy repetida también: las familias con hijos e hijas en situación de discapacidad podrán escolarizarles y mantenerles en los centros de educación especial. La nueva ley se limita a cumplir con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, instando a las administraciones educativas para facilitar la educación inclusiva en centros ordinarios.
La derecha ha lanzado una campaña de firmas “por la libertad”, dicen. Pero la concepción que la gran mayoría de los españoles comparte sobre la libertad no consiste en permitir que cada familia proporcione a sus hijos e hijas la educación que les posibilite su condición social y económica, sino en asegurar que todas las familias son libres para proporcionar a sus hijos e hijas la mejor educación posible.
La derecha se moviliza para mantener sus privilegios sociales y económicos. La izquierda lucha por la igualdad de oportunidades. Esta es la verdadera naturaleza del debate político que acaba de saldarse en el Congreso de los Diputados con una gran victoria para el progreso y la justicia social en nuestro país.
Casado y los suyos amenazan con boicotear la LOMLOE, aprobada legítimamente por los representantes de los españoles, tal y como hacen a menudo los independentistas, por cierto. Los tribunales les pondrán en su sitio si lo intentan.
Cabe una felicitación a las personas que han peleado en primera línea para sacar adelante esta ley decisiva: la ministra Celáa y, muy especialmente, la diputada Luz Martínez Seijo, cuyo esfuerzo y determinación han sido decisivos en la consecución de este gran logro.
