La ultraderecha española ha eclosionado definitivamente al calor de la crisis del COVID-19. Como suele decirse, las desgracias nunca vienen solas. Y los ultras jamás desaprovecharon una tragedia en la historia de España para desatar su propia pandemia de odio y enfrentamiento civil.
No han defraudado en ninguna de sus constantes históricas, salvo en la de la violencia física y directa. Aún, al menos.
Del sectarismo de culpar por el virus a las feministas, al golpismo de reclamar un Gobierno de concentración, pasando por la inhumanidad de proponer que se prive a los extranjeros pobres de la asistencia sanitaria.
De la hipocresía de auto-donarse parte de sus ingresos “para luchar contra el virus”, al matonismo de amenazar de muerte a un diputado socialista, pasando por la desestabilización de afirmar que el Gobierno esconde a los muertos.
Del ridículo de pedir que el Estado pague todas las nóminas tras reclamar bajadas de impuestos, a la irresponsabilidad de romper el confinamiento en el Congreso, pasando por la traición de difundir imágenes de féretros en la Gran Vía.
Los ultras han encontrado en el COVID-19 el mejor caldo de cultivo para dar rienda suelta a su tradición de golpes, pronunciamientos y trabas al progreso del pueblo español.
Han culpado de extender dolosamente el virus a los participantes en las manifestaciones por la igualdad entre hombres y mujeres, que tuvieron lugar el 8 de marzo. Y lo hacen obviando que ningún experto o autoridad sanitaria recomendó entonces suspender aquellos actos, y que los propios ultras organizaron un congreso multitudinario aquel mismo día.
Feministas, izquierdistas, ecologistas, inmigrantes, islamistas y chinos han sido señalados, al viejo modo nazi, para conducir hacia ellos la frustración y la ira popular.
Como parte de esta estrategia, registraron en el Congreso una propuesta formal para que la sanidad pública española dejara de atender la salud de todos los inmigrantes que carecieran de documentación legal y dinero para pagarse los servicios. Además de la estupidez que supone la medida en términos de contención de la pandemia, hay que señalar la crueldad inhumana de la petición.
Por si no funcionaba la sutileza del señalamiento público falaz, han reclamado directamente la dimisión de quien ganó las elecciones generales para poner al mando un gobierno de “emergencia”, de “concentración”, de “condición militar” o a las órdenes del Jefe del Estado. Solo les faltó entrar a caballo en las Cortes o encomendar la misión a un Teniente Coronel con bigote.
Los ultras fueron los primeros en poner pies en polvorosa, saliendo en tropel del Congreso cuando aún no se había decretado el confinamiento general. Y también han sido los primeros en contravenir el confinamiento decretado, regresando en tropel al Congreso y poniendo en riesgo la la salud y la vida de todos sus trabajadores. La cuestión es sembrar siempre la cizaña y el caos, hasta su ascensión al poder, por las buenas o por las otras.
Los primeros, siempre. Los primeros también en exigir que no se paguen impuestos. Y los primeros en exigir que el Estado, con esos impuestos que no se han de pagar, sufrague todas las nóminas de todos los españoles. Los primeros en hacer el ridículo, sobre todo.
Los primeros en exigir a los demás, pero eso de donar parte de sus retribuciones, ni hablar. Solo cuando quedaron en vergüenza ante la solidaridad de los demás, admitieron donar una proporción de sus ingresos a la “asociación de víctimas del COVID-19”. Se olvidaron de aclarar, no obstante, que la mencionada “asociación” no es sino un chiringuito más de la ultraderecha española. Una auto-donación, vamos.
Ni siquiera el Congreso ha escapado a la campaña de mentiras, bulos e intoxicaciones de la ultraderecha. A los falsos cadáveres escondidos supuestamente por el Gobierno de España en el parking de Collserola, al falso cargamento sanitario camino de Francia “porque el Gobierno de España no paga”, y de ahí a calificar los hospitales de campaña como “campos de concentración del Gobierno”.
No. Los campos de concentración eran otra cosa. Muchos españoles de bien murieron allí en otros tiempos, a manos de la ultraderecha. A los hospitales se acude a recibir ayuda. A los campos de concentración se iba a recibir tortura y fusilamiento.
Mentiras también respecto al Congreso. “Congreso cerrado” y “Congreso secuestrado”, decían. Como si se estuvieran refiriendo a las Cortes franquistas. Falso.
Durante la vigencia del estado de alarma, el Congreso de los Diputados ha ejercido funciones de legislación y control al Gobierno. El Presidente ha comparecido en tres ocasiones. La Vicepresidenta económica, la Ministra de trabajo y el Ministro de agricultura se han sometido en Pleno a las consideraciones de la oposición.
El Ministro de sanidad ha dado semanalmente cuentas de su gestión al frente de la crisis en la Comisión de sanidad, y diariamente se ha remitido toda la documentación disponible a las comisiones correspondientes del Congreso. Las pregunta escritas se han registrado y se han contestado, a razón de cerca de 200 por jornada.
Y el reproche viene de ellos, de los ultras que sostienen la Mesa de la Asamblea de Madrid y el Gobierno autonómico de la comunidad con más afectación por el virus. Con más afectación por el virus y con menos presencia en el Parlamento por parte de su Gobierno regional. Porque la Asamblea de Madrid lleva cerrada desde el 10 de marzo, sin plenos ni comisiones e, incluso, con el registro cerrado. Pero el que está “secuestrado”, según los ultras, es el Congreso de España.
Hay mentiras y mentiras especialmente mal intencionadas. La imagen difundida por la ultraderecha de la Gran Vía madrileña plagada de féretros no es una falsedad más. Tiene una intención tan evidente como aviesa. Se trata de generar pesimismo, desmoralización y desestabilización en la sociedad española y en su democracia.
Pero, cuando todo lo demás les falla, surge su yo más íntimo. Entonces, los ultras amenazan directamente al diputado socialista Viondi con pegarle “dos tiros en la cabeza”.
No puede esperarse nada bueno de la ultraderecha en este país. Pero, por fortuna, en el Pleno de Congreso del día 9 de Abril, la gran mayoría de los representantes de los españoles respaldaron al Gobierno en la prórroga del estado de alarma. La mayor parte de los grupos parlamentarios plantearon propuestas y críticas constructivas para hacer frente a esta crisis con eficacia y con justicia.
Incluso algunos grupos muy alejados del Gobierno en términos ideológicos y políticos, como Ciudadanos y determinadas formaciones nacionalistas, mostraron una elogiable disposición para el acuerdo en torno a las medidas a adoptar.
Ojalá el Partido Popular abandone pronto la senda de falsedades y desestabilización que lidera la ultraderecha, y siga los pasos de otras formaciones conservadoras en Europa, situándose al lado del Gobierno, con lealtad crítica, pero desde el afán de unidad al servicio del interés general.
La frase de “A este virus le vencemos unidos” no es solo una frase. Es una necesidad, casi una exigencia de supervivencia.
El Presidente del Gobierno ha invitado a todos los grupos políticos a un gran pacto de Estado por la reconstrucción de nuestra economía y nuestra sociedad.
Participar de ese pacto es más que una obligación política. Se trata de un imperativo moral.
