Por Rafael Simancas*.- | Octubre 2017
La situación ocasionada por el desafío separatista en Cataluña sigue siendo de una gravedad extraordinaria, pero parecen abrirse ventanas de oportunidad que deben aprovecharse con inteligencia y generosidad por parte de todos.
Las consecuencias del conflicto se están sufriendo ya no solo en el anormal desenvolvimiento de las instituciones democráticas, sino en la vida económica y en la propia convivencia cívica. Si los problemas no entran pronto en fase de solución, los costes a pagar en términos de retroceso económico y conflictividad social pueden ser importantes e irreversibles, tanto en Cataluña como en el resto de España.
Por eso, conviene no atender los cantos de sirena que invitan a mantener posiciones maximalistas o ‘contundentes’, por muy puestas en razón que parezcan. Entre solución y victoria conviene apostar por la primera. Si podemos ganar todos o casi todos, en lugar de que pierdan unos cuantos, por más que lo merezcan, intentemos hacerlo.
Lo vivido el martes 9 de octubre en el Parlamento catalán resultó más cercano al esperpento valleinclaniano que a una sesión propia de una institución democrática en la Europa del siglo XXI. Se proclamaron resultados de votaciones sin verificación independiente. Se declaró una independencia mediante un pseudo-acto de firma extra-parlamentaria. Se suspendió una declaración que no se había producido…
No obstante, la confusión del momento ofrece la oportunidad de recuperar la razón legal, la razón democrática y la razón política. Si no está claro qué fue lo que ocurrió en el Parlamento catalán en aquella jornada, requiramos una respuesta clara a sus hacedores. Esto es lo que ha hecho el Gobierno de manera acordada con el PSOE, y ojalá los dirigentes independentistas aprovechen ese hueco para volver a la legalidad, a la democracia y a la política.
Rajoy y Pedro Sánchez han posibilitado una salida positiva a la encrucijada en la que nos hayamos, por responsabilidad fundamental del Gobierno catalán en rebeldía frente a la ley y al sentido común. Requerimiento a la Generalidad sobre su ajuste al ordenamiento legal vigente, y ofrecimiento simultáneo de diálogo para encontrar juntos una nueva organización territorial que ofrezca satisfacción con carácter general.
Se entiende menos la actitud de Rivera y de Iglesias, porque ambos dos están dando muestras de no entender la gravedad del momento institucional. Uno y otro, desde posiciones diversas y antagónicas, parecen buscar rendimiento electoral a corto plazo en un escenario que requiere altura de miras y preeminencia del interés colectivo.
La posición de ley y diálogo que está manteniendo Pedro Sánchez, y a la que se ha sumado Rajoy en las últimas jornadas, es la posición de centralidad que necesita la institucionalidad española en estos momentos. Y su desarrollo requiere, al menos, de cuatro fases.
Primero y ante todo, la recuperación del imperio de la ley, el sometimiento general al cumplimiento de las normas, para después cambiarlas si se quiere. Segundo, emprender un diálogo con voluntad de transacción y no solo de intercambio de posiciones inamovibles e improperios. Tercero, consecución de un acuerdo para establecer una nueva organización territorial del Estado, que incluya un nuevo encaje de Cataluña en la España federal y en la Europa federal. Y cuarto, una doble votación, en toda España primero y en Cataluña después para ratificar los acuerdos alcanzados mediante referéndum.
Este camino no será fácil de transitar, ni tan siquiera de emprender. Pero cualquier alternativa será mucho peor, para todos.
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- * Rafael Simancas es Diputado electo por Madrid, Secretario General del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados y Profesor de Teoría Política de la Universidad Rey Juan Carlos
