Escuchamos y leemos descalificaciones tremendas respecto a los acuerdos suscritos por el PSOE para la investidura constitucional del Presidente del Gobierno propuesto por el Jefe del Estado.
Se trata de acusaciones sin base real alguna, como el fin de la democracia, el advenimiento de la dictadura, la derogación de la Constitución, la voladura del Estado de Derecho… El propio ejercicio de la libertad de expresión por parte de quienes así hablan desmiente tales exageraciones y falsedades.
Otras frases moverían directamente a la hilaridad, si no viviéramos un contexto político tan grave, porque hay quienes convocan solemnes declaraciones institucionales para asegurar literalmente que tras la investidura de Sánchez “ya no habrá españoles” o que “el PSOE ha desaparecido”.
Sin embargo, esos discursos absurdos y falsos sirven de combustible para quienes encienden odios y explotan violencia, en las redes y en las calles.
Los acuerdos conciernen a 179 diputados y diputadas, que suman más allá de la mayoría absoluta de los representantes legítimos del pueblo español. Los contenidos de los acuerdos están ya a la vista de toda la ciudadanía. No hay una sola palabra que salga del marco de la Constitución y el ordenamiento jurídico vigente.
Los acuerdos son discutibles. Los contenidos se pueden discutir también, desde la amnistía a la condonación de deuda autonómica, pasando por los beneficios sociales, la modernización de la economía y la lucha contra el cambio climático. Pero la legitimidad democrática y constitucional de los procedimientos y de lo suscrito materialmente está fuera de duda.
Entonces, ¿a qué viene tanto dramatismo?
Porque, en realidad, ¿a quiénes perjudican estos acuerdos? ¿Quiénes salen perdiendo, más allá de los frustrados por la expectativa fallida de poder?
La sociedad catalana gana en convivencia, porque se restan argumentos al agravio y se atempera el conflicto. El resto de España gana con la destensión territorial. Los trabajadores ganan salario mínimo. Los pensionistas ganan garantía de revalorización de sus prestaciones. Las mujeres ganan derechos y paridades. Los jóvenes ganan vivienda social accesible. Los empresarios ganan digitalización y oportunidades…
En realidad, ahora solo pierden los que no supieron perder el 23 de julio. Y ganan los españoles, porque tendrán el Gobierno que surgió aquel día de las urnas, para seguir avanzando en justicia social y en convivencia. Y también para detener aquí la oleada ultra que amenaza, esta vez de verdad, la propia vigencia de la democracia.
Entre los muchos disparates que se dicen y se escuchan en estas horas previas a la investidura hay uno especialmente grave, que no se puede dejar pasar sin más. Me refiero a aquel que contrapone la legitimidad de los votos representados en el Parlamento a la llamada “resistencia civil”.
Aclaremos.
La soberanía no reside en los partidos de derechas con expectativas frustradas, ni en las presidentas autonómicas con ambición desbocada, ni en los cabecillas del franquismo nostálgico, ni en los expresidentes de mendacidad acreditada, ni en los vocales caducos del gobierno caducado del poder judicial, ni en los tertulianos con libreto antisanchista, ni en los presentadores desfajados, ni en las asociaciones de auto-defensa corporativista, ni en los putodefensores de la España odiadora…
Todos ellos tienen el derecho a opinar contra la investidura de un Presidente progresista, y todos ellos tienen la libertad para expresarlo por escrito, de viva voz en un plató o a voz en grito en una manifestación. Claro que sí. Por eso estamos en una democracia, y no en una dictadura, por si alguna no encuentra la diferencia.
Pero la soberanía reside en el pueblo español. Artículo uno, punto dos, de la Constitución que fundamenta esa democracia.
Son las Cortes Generales las que representan al pueblo español. Artículo sesenta y seis, punto uno, de esa misma Constitución.
Corresponde al Congreso de los Diputados otorgar o no otorgar la confianza de ese pueblo español representado en las Cortes al candidato propuesto por el Jefe del Estado. Artículo noventa y nueve de la mencionada Constitución.
Y el 23 de julio pasado el pueblo español soberano decidió configurar con su voto un Congreso en el que podría darse una mayoría absoluta de hasta 179 representantes legítimos a favor de la investidura del socialista Pedro Sánchez Pérez-Castejón.
Estos son los hechos a respetar desde la mínima convicción democrática y constitucional.
Hagamos posible que, por encima de griteríos y falsedades, prepondere la esperanza de una sociedad que muy mayoritariamente quiere y merece seguir avanzando.
