Cada vez que el Parlamento afronta el debate sobre una ley educativa resurgen dos argumentos recurrentes: se aprueban demasiadas leyes sobre educación y se echa de menos un ‘gran pacto educativo’entre los grupos políticos.
Ambas afirmaciones responden a la realidad. Durante los últimos cuarenta años han entrado en vigor legislaciones sucesivas y contrapuestas, para regular un ámbito que requeriría de propósitos y estrategias de largo plazo. Y es cierto que vendría muy bien un gran acuerdo social y político acerca de las líneas maestras de la política educativa.
Ahora bien, hay razones que explican por qué ese gran acuerdo no se ha materializado nunca y aún hoy está lejos de alcanzarse, pese a los intentos sinceros y esforzados del gobierno progresista.
Hay quienes, con la mejor voluntad, apelan a ‘prescindir de la ideología y de la política’para definir las claves de nuestro sistema educativo. ¿Es eso posible? No. De hecho, hay pocos aspectos del espacio público que requieran tanto de planteamientos ideológicos y políticos como la definición de qué se enseña y cómo se enseña a nuestros hijos.
Y precisamente ahí reside la dificultad principal para alcanzar acuerdos educativos entre izquierdas y derechas. Las diferencias entre PSOE y PP son mayúsculas y de raíz acerca de la función social que unos y otros atribuimos a la enseñanza.
Para el PSOE, la educación constituye un instrumento fundamental para alcanzar la justicia social. Por eso promovemos una educación pública, inclusiva, para la excelencia y para la equidad, que asegure la igualdad de oportunidades y el apoyo a aquellos que presentan más riesgos de quedarse atrás.
Para la derecha, sin embargo, la educación es un instrumento fundamental para reproducir las desigualdades sociales.
Pongamos algunos ejemplos. La izquierda promueve la enseñanza pública porque es la que garantiza un trato equitativo a todos los alumnos, independientemente de su condición de partida. La derecha promueve la enseñanza privada, concertada o no, porque es la que selecciona al alumnado en función de su capacidad de pago.
Hablan de ‘libertad de elección’para los padres, pero ¿qué libertad de elección hay para las familias que no pueden pagar las cuotas que imponen los centros privados y concertados?
Más. La derecha impuso en la LOMCE itinerarios en el comienzo de la ESO para segregar a los alumnos según sus capacidades, sin tener en cuenta las desigualdades de partida y sin aportar recursos para recuperar a los más retrasados. Los niños ‘torpes’se derivaban a la FP básica y los niños ‘listos’se encauzaban hacia el bachillerato y la universidad. La nueva ley educativa acaba con estos itinerarios y promueve el éxito escolar para todos los alumnos, procurando las ayudas que cada uno de ellos requiere.
La izquierda cree en la educación laica y entiende que el adoctrinamiento religioso debe quedar fuera de los programas de enseñanza. La derecha, por el contrario, se empeña en imponer la enseñanza del dogma religioso en las aulas, como una asignatura evaluable más. Y pretende establecer, además, una asignatura ‘espejo’disuasoria para los objetores.
El PSOE propone que los valores cívicos y constitucionales sean de enseñanza obligatoria para todo el alumnado. La derecha, sin embargo, aplica en algunas administraciones el llamado ‘veto parental”, por el que algunos padres pueden censurar la enseñanza de conocimientos básicos y valores cívicos cruciales para la educación de niños y jóvenes.
A veces se recurre al argumento de que ‘España no puntúa bien en PISA”, aludiendo al informe anual con el que la OCDE evalúa los sistemas educativos de los países más desarrollados. Pero suele obviarse que el sistema de enseñanza recurrentemente mejor valorado en esos informes es el de Finlandia, y en este país más del 97% de la enseñanza es pública. La educación privada, social y económicamente segregadora, es residual en el país con la mejor educación de Europa.
Probablemente, con las principales claves de la política educativa que se aplica en Finlandia, podríamos cimentar un gran acuerdo político para la enseñanza en España. La izquierda estaría de acuerdo. La derecha seguramente no, me temo.
En definitiva, ¿sería deseable un pacto educativo en nuestro país? Claro que sí. ¿Hay que hacer todos los esfuerzos posibles para alcanzarlo, aunque solo fuera para sus bases más elementales? Desde luego. ¿Es fácil que eso ocurra? A juzgar por las grandes diferencias entre los fines y las ideas de unos y otros, no podemos decir que sí.
