Lo expresó con claridad la portavoz socialista Adriana Lastra en el Pleno del Congreso: ‘Han decidido convertirse en el mayor agente de desestabilización de España. Esta es su estrategia y ya es hora de decirlo abiertamente’.
La Vicepresidenta Calvo lo planteó también con igual rotundidad: ‘¿En qué andan ustedes contra el Gobierno constitucional de España, en el peor momento para este país?’.
Durante las últimas semanas, el debate público ha tratado sobre la ‘crispación’ de la vida política española, generalmente en términos de espontaneidad, como si tal conducta se hubiera generalizado en toda la ‘clase política’, y como si ‘todos los políticos’ fueran responsables por igual de las consecuencias negativas de tal conducta.
Solo que no hay espontaneidad alguna en los comportamientos crispadores, y no son en absoluto achacables por igual a todos los representantes públicos y, desde luego, los responsables de su promoción son perfectamente identificables.
Estamos, efectivamente, ante una estrategia premeditada de las derechas españolas para desestabilizar las instituciones democráticas, y así promover la caída del Gobierno constitucional de nuestro país.
Nadie va a quejarse de que la oposición haga oposición. Faltaría más. Toda la oposición que haga falta. Tampoco nos quejaremos de que la oposición se limite a criticar todo lo que hace el Gobierno, sin reconocer jamás acierto alguno, y sin plantear propuesta alternativa alguna. Están en su derecho.
Ni tan siquiera lamentaremos que utilicen sistemáticamente un tono desabrido, insultante, exagerado, plagado de adjetivos descalificadores… Estamos acostumbrados al mal estilo de la derecha. Nada que objetar.
No. Lo que denunciamos es otra cosa, y nada tiene que ver con el ejercicio legítimo y constitucional de la oposición democrática. Denunciamos el intento de dañar dolosamente a las instituciones de nuestra democracia para tumbar al Gobierno de la nación.
Y no es la primera vez. Ya lo confesó Luis María Ansón respecto a otros tiempos: ‘Para terminar con González se rozó la estabilidad del Estado’.
No estamos ante el problema de un tono incómodo e inconveniente en el debate político normalizado. Estamos ante un problema para la democracia española, en un momento muy delicado de nuestro país, cuando hemos de hacer frente a una terrible crisis sanitaria y cuando hemos de afrontar una no menos dramática reconstrucción social y económica.
‘Les avisamos de que no podrían gobernar’, espetó Pablo Casado al Gobierno en el Congreso. ‘Pretenden gobernar sin permiso’, le siguió inmediatamente una de las portavoces populares. Como si hubiera de tratarse como usurpador a cualquier Gobierno en España no conformado por las derechas.
‘Este Gobierno es una dictadura’, ‘una dictadura constitucional’, ‘una alarma dictatorial’, ‘un Gobierno despótico’, ‘un estado de excepción encubierto’, ‘una agenda autoritaria’, ‘planes totalitarios’, ‘un Gobierno aliado de narco-tiranías asesinas’, ‘Gobierno ilegítimo’… Buena parte de las descalificaciones que vierten Casado, Abascal, Álvarez de Toledo, Olona, García Egea y demás portavoces, no tratan tan solo de criticar al Gobierno, sino de deslegitimarle, legitimando así las acciones encaminadas a tumbarle.
Hablan falsamente de ‘Parlamento cerrado’ y de ‘Parlamento secuestrado’, y ¡lo hacen desde la propia tribuna del Parlamento perfectamente abierto! Pretenden, incluso, escenificar un falso enfrentamiento del Gobierno con instituciones emblemáticas de nuestra democracia, como la Guardia Civil, respecto a las que el ejecutivo muestra cada día la máxima consideración y respeto por su labor al servicio del bien común.
De hecho, la estrategia de la desestabilización por parte de las derechas ha quedado al descubierto al reclamar abiertamente algunos de sus portavoces la constitución de un ‘Gobierno de concentración’. Abascal y compañía proponen, por tanto, derrocar al Gobierno legítimo salido de las urnas, y poner al frente del país otro Gobierno, por voluntad de aquellos que perdieron las elecciones.
Para facilitar las cosas, y por si acaso hubiera resistencias, esas mismas derechas ya promueven el paso de los gobernantes legítimos a la cárcel, previo trámite engorrosamente preceptivo por los tribunales de Justicia. ‘Por autorizar las manifestaciones del 8-M’, dicen, y se traicionan a sí mismos exponiendo, puede que inconscientemente, algunos de sus planes. Con la Constitución de 1978, y con este Gobierno vigente, el derecho de manifestación no está sujeto a autorización gubernativa alguna. Podemos adivinar qué nos reservan aquellos otros para el futuro.
Se apropian de los símbolos de todos, bandera constitucional incluida, para arrojarla como un arma contra sus enemigos políticos. Provocan riesgos para la salud de miles de personas, convocando manifestaciones sin seguridad sanitaria, en plena pandemia. Insultan e injurian gravemente a las familias de los gobernantes, para después denunciar la respuesta de los insultados e injuriados. Utilizan las instituciones donde gobiernan, para sustituir la colaboración leal exigible por la confrontación gratuita y esterilizante…
No es crispación. Es desestabilización. Y hacen daño. Al Estado, a la democracia, al interés general. En el peor momento. Cuando nos enfrentamos a la mayor crisis de nuestras vidas.
Buscan desestabilizar las instituciones y tumbar al Gobierno, pero no van a conseguir ni una cosa ni la otra.
La democracia española es una democracia madura. Nuestras instituciones son instituciones fuertes, a prueba de agresiones desestabilizadoras. El pueblo de España es un pueblo con sólidas convicciones democráticas. No nos llevarán atrás, aunque lo intenten.
Y hay Gobierno progresista para rato. Para cuatro años. Se llama democracia.
