A menudo olvidamos que sus problemas son los nuestros, que todos somos uno en un mundo cada vez más pequeño.
La emergencia sanitaria impuesta por el coronavirus ha tenido un fuerte impacto económico y social en todos los sectores, pero evidenció una vez más las duras desigualdades estructurales presentes en la sociedad. Es verdad que el virus no discrimina y puede afectar a todos, pero algunos tienen con qué combatirlo y otros no.
Un día cualquiera en Wuppertal, Alemania. Hace mucho frío, muchos comercios continúan cerrados y se ve muy poca gente en las calles. Quienes pueden permanecen en sus casas.
Vicente Ramos, de 28 años, transita las calles y recorre los mostradores de alguna institución, pero la mayoría están cerrados. Está buscando una solución para su situación y la de otras 35 familias migrantes que habitan en una pensión ubicada en Wuppertal. Acaban de ser estafados por quien vivía allí y enfrentan un proceso de desalojo pautado para el lunes 8 de febrero.
“Fui a la intendencia, pero no me dieron certezas, fui a Fiscalía y estaba cerrada. Tomé un número del Colegio de Abogados para asesorarme y ver qué se puede hacer. Realmente uno no quiere quedarse en un lugar que no es de uno pero, ¿para dónde se puede ir?”, se pregunta.
Cáritas declara: El desconocimiento de los derechos de las personas migrantes conlleva a que “se juegue con su miedo” y que les “exploten con promesas falsas”. “Quiero dejar claro que, aunque no tengas la documentación en regla, no quiere decir que no tengas derechos laborales. Puedes denunciar y tienes derecho a pedir un abogado de oficio con tu pasaporte. A las personas que estén en situación irregular si necesitan asesoramiento les recomiendo que acudan a las ONG”.
Inmigrantes denuncian que han sido amenazados y estafados en Alemania
Varias instituciones, entre ellas Cáritas, han intervenido y presentarán la denuncia en Fiscalía. Los inmigrantes que viven en pisos en Wuppertal, dicen que los dueños quiere desalojarlos. Los problemas empezaron hace varios meses. La habitación, que costaba 300 euros hace un año, ahora cuesta 500 euros en plena pandemia del coronavirus. Dejaron de pagar y aseguran que los dueños nunca les dieron recibos y que no tienen autorización para funcionar. Los inmigrantes denuncian también que no hay limpieza ni mantenimiento, y que el techo del baño le cayó en la cabeza a un emigrante que se fue. Desde que reclaman, todo empeoró: estuvieron 11 días sin agua hasta que se reconectó por la intervención Cáritas, a quienes les dijeron que la factura mensual era de 300 euros, y no de 500 como les decían. Los inmigrantes indican que los amenazan y que el viernes pasado personas del entorno de los dueños desalojaron sin orden judicial a dos personas que vivían en Wuppertal, que corresponde a la misma edificación.
El negocio de estafar a familias de inmigrantes pobres en Alemania
Denunció Caritas: “Te vendo un cuarto y en diez días te mando a la Policía para que te desaloje”, desvelando el modus operandi de personas y grupos delictivos que estafan a familias de inmigrantes pobres mediante la venta fraudulenta de habitaciones en construcciones abandonadas y pensiones que no son suyas, y que después denuncian por ocupación ilegal a los propios estafados, quienes luego son desalojados por orden de la Fiscalía y no pocas veces acusados penalmente.
Verificó las indignas condiciones para la habitabilidad de “un edificio casi abandonado y destruido, sin baños” ni infraestructura mínima del que hace apenas horas fue desalojado un grupo de 27 personas, incluyendo a 3 menores y bebés, que fueron estafadas tras pagar un hospedaje correspondiente a esa construcción, ubicada en Wuppertal.
Se trata de un ‘lanzamiento por usurpación’ ordenado por el sistema de justicia a la Policía en Alemania como resultado de una denuncia contra los estafados. “A la gente le vendieron el cuarto de pensión” días atrás y este pasado miércoles les notificaron que el pasado viernes deben abandonar la finca bajo apercibimiento de que si no lo hacen, serán llamados a declarar y esto supondrá la formalización del caso con la apertura de un proceso legal.
Cáritas advierte del “el abuso” que semejantes maniobras de fraude implican, como el hecho de “aprovecharse de una situación” en la que “las personas” damnificadas, casi siempre inmigrantes, carecen de recursos como dinero, contactos y garantías para alquilar un apartamento u otro tipo de vivienda. “Terminan siendo rehenes y víctimas de una especie de negocio” fraudulento y mafioso en función del cual “te vendo un cuarto y en diez días te mando a la Policía para que te desaloje”, describió el entrevistado de Cáritas Wuppertal, quien informó que “esta semana hubo otro desalojo”, en Solingen “y el proceso fue el mismo”, contra inmigrantes.
En estas estafas que se perpetran con impunidad casi total por personas que luego no son perseguidas ni sancionadas por un omiso sistema de justicia, naturalmente “no hay comprobante de pago o arrendamiento” porque el delito se comete en flagrante abuso de la buena fe y credulidad de los estafados.
Además, “el propietario” de la finca “no tiene ninguna sanción”, explicó el responsable de Cáritas, que con el objetivo de paliar las aún más dramáticas situaciones de vida en que quedan las personas estafadas en estos casos, “existe una recomendación de la Institución Nacional de Derechos Humanos del año pasado” en virtud de la cual se apela “a la Fiscalía” a que adopte recaudos porque “la gente no puede quedar en situación de calle”.
Eso, sin embargo, parece no cumplirse “y ahora” esas personas, casi siempre inmigrantes, quedarán además a merced de la aplicación en su contra “de la Ley de Faltas”, como quienes ya están en situación de calle.
También recordó Cáritas que las personas desalojadas padecen todo tipo de “violencia estatal e institucional” desde el momento en que son citadas a declarar. Y cuando la Policía procede a efectuar el desalojo, lo hace explicando que cumple orden de la Fiscalía. “Es muy despiadado”.
Asimismo, en los casos en que posteriormente a la estafa y a la denuncia las personas tienen la suerte de no ser objeto de imputaciones legales, deberán seguir deambulando por edificios con cuartos de alquiler “y es muy difícil que las pensiones acepten a personas con menores a cargo”.
