Durante los últimos días, la derecha ha votado en el Congreso con el independentismo catalán tratando de impedir la llegada de los fondos europeos a España.
También ha respaldado a la Generalidad independentista para suspender indefinidamente unas elecciones democráticas que temían perder en Cataluña.
Y, como el independentismo catalán, ha tratado de cuestionar en Europa la vigencia del Estado de Derecho establecido en España con la Constitución de 1978.
Las explicaciones a este comportamiento son evidentes. PP y Ciudadanos se saben perdedores en las próximas elecciones catalanas, y prefieren un nuevo triunfo separatista antes que ver a un socialista catalán, español y constitucionalista presidiendo Cataluña.
Por otra parte, la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2021 les ha convencido de que, salvo que se dé un desastre en el país, como la pérdida de aquellos fondos europeos, la estabilidad del Gobierno de Pedro Sánchez está asegurada para toda la legislatura.
Las explicaciones de esta conducta son evidentes. Su nombre también: se trata de una traición a España y a los españoles.
Desde la socialdemocracia española siempre hemos contemplado con resquemor las manifestaciones hiperbólicas de patriotismo por parte de la derecha española.
Los socialistas somos menos de hacer homenajes a la patria y más de velar por los derechos de los compatriotas. Somos menos de himnos y banderas y más de políticas públicas. Y entendemos los símbolos patrios como medios para unir y no para dividir y zaherir.
No obstante, respetamos ese afán derechista por tapar sus debilidades con banderas cada vez más grandes. No hay problema. Ahora bien, nos parece de una hipocresía inaguantable el agitar enfervorecido de la enseña rojigualda, al tiempo que se sabotea la llegada de 140.000 millones de euros vitales para la salud, la economía y los empleos de millones de españoles.
El pasado día 28 de enero, PP y Ciudadanos unieron conscientemente sus votos a la ERC de Rufián, el JxC de Puigdemont, el PDCat del pujolismo y las CUP antiespañolas, para intentar que el Congreso rechazara el Decreto Ley habilitador de la llegada de los fondos europeos.
Esa norma que derechistas e independentistas procuraban tumbar era y es condición imprescindible para que las millonarias ayudas europeas se destinen pronto a reforzar la sanidad pública y a recuperar la economía, hundida por causa de la pandemia.
Unos pocos días antes, PP y Ciudadanos no dudaron en apoyar expresamente al Gobierno independentista catalán en una medida sin precedentes en nuestra historia democrática, que los tribunales de Justicia se han visto obligados a anular. ERC y JxC, con el respaldo de PP y Ciudadanos, intentaron suspender unas elecciones convocadas, con un Parlamento disuelto, a pocos días de la votación.
Muy pocos en Cataluña y en el resto de España dudan de las motivaciones auténticas que han unido a socios tan sorprendentes. Unos y otros se temían perdedores ante el empuje del candidato socialista Salvador Illa, favorito en las encuestas más fiables.
En paralelo, la derecha política, junto a la derecha judicial y la derecha mediática, intensificaban la ofensiva contra el Parlamento democrático de España y su legítima pretensión de legislar a favor de la limitación de funciones en el órgano de gobierno de los jueces, una vez finalizado su mandato constitucional.
Bajo la original consigna de que el poder legislativo no debe legislar, los vocales derechistas caducados en el CGPJ y sus voceros mediáticos habituales, arman estrategias arteras de desprestigio para el Estado de Derecho español en Europa. Con el aplauso de Puigdemont y compañía, claro.
Esa es hoy la derecha española. Bandera en ristre y traicionando a España. Después dirán que las va mal en las encuestas por culpa de Tezanos.
