Hecha pública la sentencia emitida por el Tribunal Supremo, en relación a la causa de la cuestión catalana que mantenía en prisión preventiva a los hacedores de la subversión que tuvo como fecha exponencial el célebre 1 de octubre del año 2017 (1); (cuándo se llevó a cabo, una consulta popular, que en cierto modo constituyó un acto político de agitación y propaganda en forma de parodia colectiva, con la infantil presunción de ser una acción legitimadora de la causa abierta que enarbolaba el rupturismo con la legalidad vigente y con la mirada puesta en subvertir un orden establecido, política y socialmente para crear un nuevo estado, al margen de España, pero también, al margen de las tendencias del siglo XXI en materia geopolítica y económica, especialmente en el llamado primer mundo); la sociedad catalana se agita trémula y convulsa, mientras se revuelve entre la incertidumbre y el desconcierto.
La pretensión de independentismo sin duda es la provocación para generar un cierto estado de caos, que fuerce a una transacción que a su vez obligue al gobierno del estado a ceder a la pretensión de que facilite la autodeterminación, primero los políticos presos fueron utilizados como instrumento para el victimismo y así poder justificar las acciones encaminadas a la ruptura con España, ahora pretenden utilizar la sentencia para forzar una amnistía y continuar alzando la insignia amarilla.
En un estado de quiebra social, el estado se vería obligado a intervenir y ellos desde el victimismo podrían así aducir la ‘invasión’ de las fuerzas del estado y la suspensión de los derechos de Cataluña. Una estrategia malintencionada y propia de la pluma de Nicolás Maquiavelo.
Desde una atalaya provocadora, el President Quim Torra amenaza, ‘lo volveremos a hacer’, frente a un Tribunal Supremo que ha especificado que ‘orden público’ es entendido como un atentado contra las instituciones de la ‘res pública’ y como un atentado contra la convivencia.
El delito cometido pone en cuestión el estado de derecho con la pretensión de cuestionar las instituciones democráticas y el mecanismo funcional que se ampara en la carta magna y en el estatuto de autonomía, leyes fundamentales para cualquier estado democrático descentralizado.
Sin duda podría apelarse a la modificación o a una nueva redacción de estos instrumentos, pero el intento de ignorarlos y de crear un supuesto ‘nuevo marco jurídico’ que ampare la ruptura con la legalidad y abrigar un nuevo estado en contra de más de la mitad de la voluntad ciudadanía en Cataluña, constituye sin lugar a dudas un acto de subversión (2).
En la actualidad la división del independentismo impide una respuesta conjunta a la sentencia en el Parlament. La disensión en la estrategia y en los modus operandis, las diferencias ideológicas y de los propósitos a corto y medio plazo, que imposibilitan tanto una unidad de criterio para hacer frente a la situación como para alcanzar un frente común en previsibles y no tan lejanas elecciones autonómicas, da lugar múltiples divisiones en las filas de los independentistas. A su vez, estos desacuerdos contribuyen a enrarecer aún más si cabe, el clima y el orden social en Cataluña.
Frente a este escenario el PSC ha puesto de manifiesto, que hay que acatar la sentencia y si bien nuestro estado de derecho ampara la libertad de expresión, reunión y manifestación, estas opiniones se deben producir en un ambiente de civismo, tolerancia y respeto.
El líder del PSC, Miquel Iceta, ha manifestado que tanto el juicio como la sentencia, son producto de los errores cometidos por los dirigentes independentistas, que tuvieron como consecuencia saltarse la ley y que han conducido a un fracaso político.
El relato difundido desde 2016, se ha comprobado no solo erróneo, sino también falso, ya que los supuestos no han sido ajustados a la realidad y los hechos así lo han desmentido.
En referencia a una supuesta petición de indulto, Miquel Iceta ha manifestado que no tiene ninguna constancia de que alguien haya solicitado el indulto, sin embargo, la sentencia da lugar a que dentro de pocos meses, la mayoría de los condenados podrían estar fuera de la cárcel y en el peor de los casos en un año, con régimen abierto o con un grado de flexibilidad que pone de manifiesto la magnanimidad.
Hoy en Cataluña, se encuentran muchos comerciantes, autónomos, personas mayores, etc., muy angustiados por la inseguridad y la incertidumbre y esta situación no se arregla con más violencia, con más desorden público, ni tampoco con mayor uso de las fuerzas del orden, sino con la cordura y la flexibilidad que solo puede desprenderse de un dialogo, franco y abierto dentro de la legalidad que ofrece un estado de derecho. El deseo mayoritario de la población es la de superar el contencioso de una vez por todas, dejar la estelada y regresar a la señera.
Basta a la infamia, a la agresión y al caos y para aquellos empecinados en la barbarie o en la obcecación obsesiva, la recomendación serena es la relectura del tratado de la tolerancia que escribió y publicó en 1763 en el Castillo de Ferney- François-Marie Arouet, Voltaire.
Notas:
1.- Curiosamente también un 1 de octubre Fernando VII reestablecía la inquisición en España.
2.- Calificarse aquello que simplemente pretende alterar el orden público o la estabilidad política. La palabra, como tal, proviene del latín subversum, supino de subvertĕre que tengan como objetivo derrocar las estructuras de autoridad e invertir los valores y principios sobre los cuales se fundamenta un sistema o régimen, bien sea a nivel político, ideológico, moral o social.
3.- Léase al artículo de Pere Ríos, Camilo S. Baquer en el diario El Pais.
