En la semana de su convención nacional, el PP se ha opuesto a la subida de las pensiones conforme al coste de la vida, a pesar del acuerdo social cerrado con trabajadores y empresarios.
El PP se ha opuesto a elevar en 15 euros el salario mínimo, a pesar del aumento de la inflación que acompaña a la fuerte recuperación económica.
El PP se ha opuesto a cambiar el término “disminuidos” por “personas con discapacidad” en la Constitución, a pesar de la solicitud de las entidades que representan al mundo de la discapacidad.
El PP se ha opuesto a las normas que reducen el impacto del encarecimiento de la energía en las facturas de la luz, a pesar de tratarse de una demanda general entre la ciudadanía y las empresas.
El PP se ha opuesto ya al proyecto de cuentas públicas para 2022, aun sin conocer siquiera su contenido.
Y el mismo PP sigue oponiéndose a cumplir la Constitución y la ley en la renovación de las instituciones democráticas con mandato caducado.
Desde luego, si en esta semana pretendían dar a conocerse aún mejor ante los españoles, lo han logrado de pleno.
También han logrado, por cierto, que los españoles sepan que el PP toma “ejemplo” del expresidente Sarkozy, condenado por corrupción, y que aplaude las distinciones entre ciudadanos que votan “bien” y ciudadanos que votan “mal”.
El PP trasluce dos problemas con aquella actitud de bloqueo. En primer lugar confunde la función que el sistema democrático asigna a la oposición parlamentaria. Porque el propósito de la oposición en democracia no es el desgaste al Gobierno, sino su control, su colaboración y su alternativa.
El mandato de la ciudadanía al principal partido de la oposición no es el de tumbar al Gobierno por cualquier procedimiento, como pudiera parecer en función de las estrategias del equipo de Pablo Casado.
El PP tiene tanta responsabilidad ante el interés general como el PSOE, como Podemos y como el resto de los representantes de la ciudadanía en las Cortes Generales. Ser oposición y no gobierno no exime de atender antes el bien común que la ambición propia, por legítima que sea.
La misión del partido opositor consiste en someter a control las decisiones del ejecutivo y denunciar las acciones erradas, efectivamente, pero también en colaborar en las acertadas, en proponer sus propias alternativas, en participar con enmiendas en el ejercicio del poder legislativo, en formar parte de los consensos precisos sobre las reglas del juego democrático, en renovar conjuntamente las instituciones…
El segundo problema que evidencia el PP tiene que ver con Vox. La dirección popular teme las previsibles acusaciones de la extrema derecha por su colaboración con el Gobierno, por legítima, limitada y justificada que ésta sea. No obstante, la responsabilidad de Casado, y también su oportunidad, pasa precisamente por distinguirse del sabotaje ultra a nuestra democracia.
La mayor parte de la derecha europea, en Alemania y Francia muy singularmente, enfatiza de manera constante su compromiso con la convivencia democrática y participa de la exclusión general hacia la retórica del odio y el rupturismo extremista.
El comportamiento del PP, blanqueando a Vox, incluso abriéndoles espacios de influencia social, contraviene tanto el interés general como su propio crédito ante el electorado del centro-derecha español.
¿Qué utilidad pueden ver hoy los españoles, incluidos los votantes del PP, en la tarea de los diputados populares en el Congreso? Oponiéndose a todo, negándose incluso al diálogo y la negociación con el Gobierno acerca del bien común, boicoteando la renovación de las instituciones más básicas de nuestra democracia, se convierten en una fuerza politica inútil para la ciudadanía.
Estamos comenzando este periodo de sesiones. Por delante nos aguardan retos y proyectos importantes, como los presupuestos de la recuperación económica, como las leyes de la formación profesional, de la libertad sexual, del derecho a la vivienda, de la regulación del sector energético…
Nadie tiene derecho a pedir al PP que renuncie a oponerse al Gobierno en todo aquello que entienda mal planteado. Tampoco puede exigírsele que renuncie al intento de ganar la confianza de la ciudadanía para alcanzar el poder. Pero sí podemos y debemos reclamar que actúen con lealtad al propio sistema democrático y al interés general de la ciudadanía española.
