En estos días todos los españoles conmemoramos el 40 aniversario de la Constitución de 1978 y la gran mayoría, además, la celebramos. Solo desde la ignorancia o desde un interés muy parcial y espúreo puede negarse el servicio extraordinario que la Constitución vigente ha prestado al conjunto de los españoles, tanto en términos de desarrollo social, económico y cultural como en garantía de derechos y libertades. En una perspectiva histórica, además, puede afirmarse sin temor a exagerar que esta Constitución supone el mayor logro colectivo de los dos últimos siglos en nuestro país.
Junto a la conmemoración y la celebración, durante estas jornadas cabe expresar el propósito firme de defender la Constitución y el pacto de convivencia en paz y en libertad que conlleva. Sin embargo, frente a lo que expresan algunos, el mejor modo de defender la Constitución Española no es petrificarla y blindarla ante cualquier análisis crítico o propuesta de modificación. Por el contrario, la experiencia demuestra que la manera más eficaz de asegurar la vigencia, la continuidad y la estabilidad de un texto constitucional consiste precisamente en promover su adaptación flexible a la realidad social de cada momento histórico.
Por lo tanto, entre las opciones de ‘mutación’ o modificación constitucional, cabe apostar por la segunda, porque la simple interpretación abierta de su contenido no satisface ya las muchas y bien fundamentadas demandas de cambio. Entre la rectificación menor o la reforma mayor de la Constitución, es preciso seguir el camino más ambicioso y eficaz de la reforma. Ahora bien, entre la reforma de la Carta Magna y la apertura de un proceso constituyente, que parta de cero, ignorando lo acordado, lo vivido y lo logrado con el texto vigente, resulta mucho más inteligente optar por la reforma derivada del pacto de 1978 y limitada por el respeto a sus cimientos más firmes.
La diferencia entre la reforma constitucional que defendemos muchos y el proceso constituyente que reclaman algunos consiste en que la primera vía, a diferencia de la segunda, respeta y no pone en riesgo los elementos identitarios de la comunidad política que hemos construido exitosamente en este país durante los cuarenta últimos años: la democracia, el Estado Social y Democrático de Derecho, el respeto a los derechos humanos, la pluralidad ideológica, la unidad territorial y la descentralización política… En consecuencia, cualquier propuesta válida de reforma constitucional debe condicionarse a la búsqueda de cambios limitados, bien justificados en una amplia demanda social, y con el firme propósito de alcanzar consensos de cuantificación asimilable al alcanzado en 1978.
Los planteamientos radicales que algunas fuerzas políticas están llevando a cabo durante estos días ignoran estas prudentes condiciones y alejan cualquier posibilidad de reforma constitucional. La reclamación de Podemos respecto al cambio en la forma de Estado y la abolición de la monarquía parlamentaria afecta de lleno a uno de los fundamentos básicos del pacto constitucional, además de alejarse de los objetivos realmente estratégicos para la mejora de las condiciones de vida de los sectores más vulnerables de la sociedad.
Algo parecido ocurre con las últimas propuestas de Pablo Casado al frente del PP sobre la recentralización del Estado y la marcha atrás en la España de las Autonomías. Y, desde luego, las exigencias de autodeterminación en las formaciones separatistas o la ignorancia de los más elementales derechos humanos por parte de la extrema derecha, se sitúan en las antípodas de una reforma viable para la Constitución de 1978.
No obstante, ¿hay que tirar la toalla ante el objetivo de mejorar nuestra Constitución? Desde luego que no. Habría, al menos, cinco grandes vectores de reforma constitucional perfectamente alineados con el bien común y susceptibles de lograr grandes consensos.
1. La máxima protección constitucional para algunos derechos de ciudadanía, como la atención sanitaria o las pensiones.
2. Medidas para la regeneración y el mejor funcionamiento de nuestras instituciones democráticas, como la limitación de los aforamientos o el cambio en el método de elección del presidente o presidenta del Gobierno, para evitar bloqueos.
3. Atención constitucional a objetivos de gran sensibilidad social, como la igualdad entre hombres y mujeres o la lucha contra el cambio climático.
4. La constitucionalización del compromiso de la sociedad española con la integración europea.
5. La reforma del Título VIII para construir un modelo territorial en nuestro Estado que conjugue unidad territorial y autogobierno efectivo en los territorios, igualdad de derechos y derecho a la diferencia, descentralización y lealtad hacia el bien común, subsidiaridad y eficacia. Para este último objetivo hará falta clarificar competencias, constitucionalizar principios de financiación territorial, diseñar mecanismos útiles de colaboración y cooperación territorial, hacer del Senado una cámara interesante de representación territorial…
Conmemoremos todos juntos la Constitución, celebremos sus logros con la gran mayoría de españoles constitucionalistas, y propongámonos defenderla mediante una reforma ambiciosa y consensuada que nos proporcione, al menos, otros cuarenta años desarrollo y convivencia en libertad.
