Fui elegido diputado por los españoles en las elecciones del 23 de julio. El pasado 14 de marzo voté a favor de la Proposición de Ley de amnistía en el Congreso. Entiendo que mis representados, y especialmente mis votantes, merecen una explicación.
Voté Sí a la Ley de amnistía por dos razones, fundamentalmente.
Porque creo honestamente que la Ley de amnistía ayuda a mi país, a España, en el propósito de superar el gravísimo conflicto político abierto por el desafío separatista en Cataluña. Facilitar el reencuentro, el diálogo y la negociación, pasando página de juicios y penas, contribuirá a cimentar una nueva etapa de convivencia y relaciones normalizadas entre catalanes, así como de Cataluña con el resto de España.
Y porque la aprobación de la Ley de amnistía en el presente momento político ayuda a la gobernabilidad de España, en un escenario de gran fraccionamiento en la representación parlamentaria y ante una grave ofensiva desestabilizadora por parte de las derechas radicalizadas. Consolidar en esta legislatura XV una mayoría parlamentaria favorable al progreso económico, la creación de buenos empleos, la ampliación de derechos y la mejora de la convivencia, constituye asimismo un objetivo legítimo y positivo.
Estas son las razones.
Entiendo que pueda haber quienes consideren que, en realidad, ha pesado más el segundo argumento que el primero. No lo creo así, pero lo asumo. En todo caso, la normalización de la vida política y social en Cataluña, y la viabilidad de una nueva legislatura para el progreso de los españoles, son ambos dos propósitos que merecen del esfuerzo excepcional, y del coste político añadido, que pueda suponer una Ley de amnistía.
Lo creo así honestamente.
Hay quienes, con la misma honestidad, manifiestan sus dudas, y su oposición legítima, ante esta decisión mía y de la mayoría de los diputados del Congreso. Intentaré responderles.
La amnistía no figuraba en nuestro programa electoral ante el 23J. Es cierto. Pero también lo es que siempre figuró en nuestros programas y en nuestros discursos el objetivo de restituir al ámbito de la política un conflicto que nunca debió salir de ahí. Siempre anticipamos que nuestra meta sería la superación del procés y la recuperación de la convivencia. Y que la línea emprendida con los indultos inspiraría nuestros pasos subsiguientes. No había engaño en nuestra posición.
La ley de amnistía puede entenderse como una simple transacción con Junts per Catalunya a cambio de sus siete votos para la investidura. Ha podido entenderse así por una parte de la ciudadanía, merced a la insistencia de la derecha política y mediática en esta explicación. Pero, en realidad, la amnistía era demandada por la mayoría de los Grupos Parlamentarios del Congreso elegido por los españoles el 23 de julio: Sumar, Esquerra Republicana de Catalunya, Junts per Catalunya, Bildu, Partido Nacionalista Vasco, Podemos, Bloque Nacionalista Galego… y 40 de 48 diputados catalanes. No era solo cosa de JxC.
La amnistía puede percibirse como impunidad ante los delitos y desigualdad ante la Justicia. Ciertamente ocurre así cada vez que en cualquier democracia del mundo se aplica esta medida excepcional de gracia. La legitimación última reside en el motivo por el que se aplica el perdón, y nuestro motivo es plenamente legítimo: la reconciliación y la convivencia. Además, la ley excluye de la amnistía los delitos más graves que afectan a los derechos humanos. Y todos sabemos que hablar de terrorismo en el procés catalán no se sostiene.
Los independentistas seguirán planteando la autodeterminación. Claro. No podemos pretender ni aspirar a que renuncien a su ideología. Lo que sí podemos reivindicar con esta medida es que defiendan sus aspiraciones desde el diálogo, en un contexto de negociación política y con respeto a las leyes vigentes. Esto supone un gran avance ya respeto a la situación vivida en 2017 bajo gobierno de la derecha.
Se han manifestado dudas razonables acerca de la constitucionalidad de la ley y de su coherencia con el derecho europeo. También es verdad. Pero el encaje de la Ley de amnistía en la Constitución está firmemente motivado en su preámbulo y, en todo caso, será motivo de decisión en su momento por parte del Tribunal Constitucional. Como en todas las leyes.
Y gracias al PP, reconozcámoslo, hemos contado con el aval anticipado para la ley por parte de la Comisión de Venecia, un prestigioso órgano consultivo del Consejo de Europa, especializado en la defensa del Estado de Derecho. Los relatores europeos nos han recordado que más de una cincuentena de Estados democráticos han aplicado legítimamente leyes de amnistía, incluso cuando no se daba una habilitación constitucional expresa, como es nuestro caso.
En definitiva, han de respetarse siempre, y comprenderse también, las dudas que una decisión de la naturaleza y el alcance de la amnistía puedan provocar en muchas personas que pretendan entender de buena fé las motivaciones de quienes hemos aprobado la ley en la sesión plenaria del Congreso del 14 de marzo.
Puede que la mejor respuesta consista en la invitación a contemplar la realidad normalizada de la política y la sociedad catalana en el día de hoy. Que dista mucho de la realidad conflictiva que se sufría hace siete años. Porque esta nueva realidad es consecuencia de la estrategia de normalización política, social e institucional emprendida desde el año 2018 por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, mediante un esfuerzo permanente de diálogo y entendimiento con quienes piensan de forma diferente.
Y porque la Ley de amnistía supone la continuidad lógica y el colofón coherente para este loable empeño de interés general.
No es que el tiempo nos acabe dando la razón. Es que el tiempo nos está dando ya la razón.
Las acusaciones de quienes se oponen a la Ley de amnistía desde las derechas radicalizadas merecen poca respuesta. Por su motivación espuria, y por la inconsistencia jurídica y política de sus reproches.
Tachaban de inconstitucional una proposición de ley incluso antes de leerla.
Hablan de ruptura del Estado de Derecho ante una ley aprobada con mayoría absoluta en el Parlamento, conforme a las reglas estrictas del Estado de Derecho.
Denuncian la quiebra del principio de la separación de poderes, sabiendo que serán los jueces quienes apliquen o no apliquen la amnistía, caso a caso.
Lanzan admoniciones sobre la división y la ruptura de España, mientras siembran agravios entre territorios para obtener rendimiento electoral propio.
Anuncian el reproche de Europa y se encuentran con el respaldo de la Comisión de Venecia ante una medida utilizada con normalidad en las democracias más solventes.
Para las derechas radicalizadas, la amnistía constituye tan solo una herramienta más a manipular en su estrategia de desestabilización del Estado para destruir al Gobierno legítimo de España.
Importa mucho más escuchar, atender y dar respuesta al interés lógico y a las dudas razonables que los españoles de buena fé pudieran albergar ante una iniciativa tan relevante y excepcional como una Ley de Amnistía.
No vamos a cejar en el empeño de explicarnos.
Porque estamos plenamente convencidos de actuar siempre en interés de España. También con la amnistía.
