Lima, 22 de marzo de 2022
Fotografías © Juanjo Fernández
El pasado 8 de marzo Aníbal Torres (premier del Consejo de ministros peruano bajo la presidencia de Pedro Castillo) se presentó ante el Congreso de la República para defender la política general de su Gobierno y solicitar el voto de confianza al Pleno. En su discurso reconoció la insuficiencia de las herramientas que posee el Estado para proteger a los peruanos, animales silvestres y el mar garantizandoles el derecho a un ambiente sano. “Prioricemos la remediación de sitios contaminados por la actividad petrolera en las cuencas del Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón, en Loreto, para lo cual el Estado ha destinado a la fecha 419 millones de soles” dijo desde la tribuna de oradores. La historia y la actualidad muestran que decretos y presupuestos no tienen ninguna eficacia si no se consolida una paz social firme y duradera.
Los 419 millones de soles a los que hace referencia el premier Torres son la suma de tres partidas que han venido a apoyar a los primeros 50 millones de soles, un fondo semilla cuyo origen está en los Acuerdo de Lima de 10 de marzo de 2015 entre las 4 cuencas y la Presidencia del Consejo de Ministros y el Gobierno Regional de Loreto. A partir de aquel miércoles de marzo que los representantes de las federaciones representes de las comunidades de las cuencas de los ríos Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón (FEDIQUEP, FECONAT, FECONACO y ACODECOSPAT) se sentaron a firmar el acta con la premier Ana Jara y sus ministros el trabajo de remediación ha transcurrido sin descanso. El resultado: 9% del presupuesto ejecutado; 0 lugares impactados remediados; ¿el avance más significativo? ya no se habla de remediación, ahora se hace de rehabilitación.
Los detalles del trabajo de estos siete años y sus resultados corresponden ser explicados por PROFONANPE, un fondo ambiental privado sin fines de lucro cuya finalidad es “promover la sostenibilidad de la vida conectando a la humanidad con el medio ambiente”. El 4 de marzo reunió en la ciudad de Iquitos a representantes de diferentes entidades, organismos y particulares para buscar un intercambio de ideas y pareceres que ayudara a impulsar su trabajo. La explicación comienza con una línea de tiempo que arranca en 2015 con el mencionado Acuerdo de Lima y en la que se van sucediendo leyes, reglamentos, decretos y presupuestos: la Ley Nº30321 creó el Fondo de Contingencia para Remediación Ambiental, para el financiamiento de las acciones de remediación ambiental de sitios impactados en las cuatro cuencas que sería canalizado por el FONAM (Fondo Nacional de Ambiente) que a través del Decreto de Urgencia Nº22-2020 el FONAM, el Fondo Nacional del Ambiente, se fusione bajo la modalidad de absorción al PROFONANPE.
El trabajo de despacho se ha visto complementado con el de campo. En 2018 la empresa ECODES&Varichal (Pastaza y Tigre) y JCI&Hidrogeocol (Corrientes) se hicieron cargo de los estudios de una selección de 32 sitios contaminados de los más de mil señalados por los comuneros para su caracterización y la estrategia más adecuada de remediación. Sin embargo, su trabajo no termina de ser aceptado por el Ministerio de Energía y Minas que ha elevado a unas 5,000 las observaciones. Éstas tenían un plazo de sesenta días para ser presentadas por parte no solo del ministerio sino también de otras entidades observantes y veinte días para ser respondidas por ambas embresas. A día de hoy, más de tres años después, se siguen recibiendo requerimientos. Los estudios que han de hacerse en el río Marañón , en la batería 3 del lote 8 que se haya dentro de la Reserva Nacional Pacaya Samiria, está paralizados por la negativa de la Comunidad Nativa de Saramurillo a la empresa seleccionada por PROFONANPE a realizarlos a causa de la falta de acuerdo sobre la persona que ha de representar a la comunidad en la directiva de administración de los trabajos que han de hacerse.
Los pueblos que habitan las próximidades de los sitios contaminados no aplican una lógica administrativa ni piensan desde un cronograma, lo hacen desde de la memoria. Su memoria se remonta a 1971. En concreto a las 7:25 AM del 16 de noviembre en el pozo Corrientes X-11. Aquella mañana, en Trompeteros, la alegría saltaba paralela al petróleo que brotaba casi por primera vez tras la creación en 1970 de la división de Operaciones en Selva . Era una alegría llena de orgullo nacional, tres años antes, el 9 de octubre de 1968 las tropas de la primera División del Ejercito Peruano ingresaron en las instalaciones de la International Petroleum Company IPC y tomaron posesión de los campos petroleros, la refinería y los campamentos. El 24 de julio del siguiente año se creo Petroleos del Perú S.A., Petroperú sobre la base de dichas instalaciones. En junio de 1971, sin embargo, se aprobó el contrato entre el Estado peruano y la multinacional con sede en Los Angeles (EEUU) Occidental Petroleum Corporation (conocida luego como OXY) para operaciones en el Lote 1A, que tras unirse al 1B forman el Lote 1AB, actual Lote 192. Las cifras de explotación durante los casi 30 años en los que operó OXY batieron todo record llegando a constituir con sus más de 52,000 barriles diarios, el 42% de la producción petrolera nacional.
El éxito de producción del lote también significó cifras record de contaminación y afectación de la población que lo habitaba. Para facilitar la perforación de un pozo se introducen sustancias químicas muy tóxicas que luego salen junto con el crudo, como parte de los desechos de producción, en forma de lodos que contienen aguas de formación, es decir, aguas muy saladas y una mezcla de sulfatos y bicarbonatos asociados al sodio, calcio y magnesio con presencia de metales pesados como mercurio, cadmio, cromo, plomo, cianuro y arsénico. También contienen aceites, compuestos orgánicos, compuestos radioactivos y gases de disolución. De esta manera cientos de millones de barriles de aguas de producción fueron vertidas a quebradas y cochas de las tres cuencas. Las consecuencias en la salud son una página negra más en la historia de la Amazonía peruana. “En la comunidad nativa de Vista Alegre, Alto Tigre, se están produciendo muertes masivas de niños como consecuencia de un extraño mal con síntomas de la hepatitis. En menos de un año y medio han muerto dieciocho niños menores de 12 años y dos adultos”, testimoniaba un comunero a Lily la Torre López, autora de Solo queremos vivir en paz (IGWIA, 1998). Una situación que ya se había dado en otras ocasiones como en 1986 cuando en seis meses fallecieron nueve niños menores de 12 años como informaba el número especial de la revista Kanatari de 1994 editada por CETA (Centro de Estudios Teológicos de la Amazonía).
El año 2000, mediante un contrato entre privados, la OXY y la empresa argentina Pluspetrol realizan una cesión de posición y es la segunda la que se hará cargo de la explotación manteniendo las mismas prácticas contaminantes. Serán las comunidades del Corrientes las que tras ocupar los pozos logren en 2006 la firma del Tratado de Dorissa, nombre de uno de los pozos ocupados, en el que el Estado obligaba a las empresas a la reinyección de las aguas de producción además de otros compromisos relacionados con la salud de los pobladores. Hasta 2009 Pluspetrol no desarrollará esta práctica en su totalidad. En 2015, por finalización del contrato,abandonó el lote y hasta la fecha se ha negado a hacerse cargo de la remediación de los pasivos (más de 1500 según los pobladores) argumentando que fueron originados por OXY.
Reinyectar las aguas de producción en pozos ya explotados no es ninguna novedad en la industria petrolera. En 1942, el estado de Lousina (EEUU) prohibió el vertido de aguas de producción en cuerpo de agua dulce, dados que sus efectos sobre la salud y el medio ambiente eran bien conocidos. California en 1932 y Texas en 1939 ya habían prohibido el uso de pozas de tierra no revestidas para almacenar desecho tóxicos y subproductos petroleros. Tampoco es cierto que no hubiera una legislación en Perú. El artículo 22 de la Ley de Aguas (DL 17752) de 1969 prohibía “el vertido o emisión de cualquier desecho que posiblemente podría contaminar el agua y/o poner en peligro la salud humana o el desarrollo normal de la fauna y la flora”. En 1993 se publicó el Reglamento para la protección ambiental en las actividades de hidrocarburos (DS 046-93-EM) que en el apartado -d- del artículo 22 prohibía expresamente “descargar en los ríos, lagos, lagunas, mar o cualquier otro cuerpo de agua, basuras industriales o domésticas”.
Al vertido de las aguas de producción hay que sumar la degradación del bosque producida por la exploración y explotación. Entre 1972 y 1990 se llevaron a cabo siete exploraciones sísmicas en el lote 1AB con un total de 10,712 km de caminos abiertos para las líneas sísmicas. Estos caminos, que atravesaban caños y quebradas, interrumpían el fluir natural de las aguas, quedando éstas empozadas y aumentando con ello la presencia de insectos como el mosquito transmisor de la malaria, el dengue, etc. Además, la caza huyó por la actividad de la maquinaria y las explosiones y junto a la contaminación de la pesca se empobreció la dieta de los pobladores y su salud se deteriró con consecuencias especialmente graves para la infancia, adultos mayores y gestantes. A todo ello se añaden los derrames producidos fundamentalmente por la falta de mantenimiento en infraestructuras y ductos: 566 derrames entre 1997 y 2021, de los cuales el 31,17 % fueron causados por corrosión y el 42,09 por falla operativa (La sombra de los hidrocarburos en el Perú. Aymara León Cépeda, Mario Zúñiga Lossio. OXFAM, febrero 2022)
Las consecuencias sociales de la actividad petrolera merecen otro artículo. Hombres con turnos de trabajo de seis meses consecutivos y diez días de descanso entre turnos en un entorno natural tan hostil como la selva degradada por su actividad. Los que lo vivieron hablan de Sodoma o del salvaje oeste, es de creer.
La producción del lote 192 bajó a unos 10,000 barriles diarios durante los últimos años (2016-2020) en los que la canadiense Frontier Energy estuvo operando con un contrato de servicio. Sin embargo, la relevancia del lote en el actual cómputo nacional de producción de hidrocarburos se mantiene y se han publicado planes para elevarla a 25,000 barriles diarios. Eduardo Guevara Dodds, anterior presidente del directorio de Petroperú, visionó importantes sinergias entre los lotes 64 y 192, puesto que ambos emplean el mismo conducto para transportar el crudo a la nueva refinería de Talara que espera una inmediata, o al menos próxima, puesta en funcionamiento. Cuando esto suceda necesitará mantener operativa toda su capacidad de refinamiento, 90,000 barriles diarios, para pagar los más de 5,000 millones de dólares que ha costado.
Este optimismo no se corresponde con la realidad. Petroperú acumula frentes abiertos en diferentes áreas. El último las desavenencias entre el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Economía y Finanzas (accionistas de 60% y 40% respectivamente del capital social de la petrolera) a causa de la bajada a BB+ de la clasificación de riesgo de Petroperu en la auditoría realizada en febrero por agencia calificadora Standard & Poor´s (S&P). El nuevo directorio, presidido desde el 16 de septiembre de 2021 por Mario Contreras Ibarcena, ha rechazado además el acuerdo con ALTAMESA para la explotación del lote 192. Son noticias a seguir con atención en la prensa de actualidad económica, el último titular hasta la fecha ha sido la renuncia del Gerente General Hugo Chávez Árevalo y el nombramiento temporal de Fernando de la Torre Tejada en el cargo.
Sea cual sea su desenlace, sean quienes sean los responsables de dirigir la explotación petrolera del país, los frentes abiertos en campo no presentan ninguna disposición a cambiar. El lote 64 está paralizado. La empresa Geopark se retiró de él por considerarlo inviable debido al rechazo indígena. Pero no solo las comunidades agrupadas en la Federación de la Nacionalidad Achuar del Perú (FEPAP) rechazaron su presencia, el estudio de impacto ambiental (EIA) que presentó Geopark había sido observado en marzo de 2021 por el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) por no precisar los pasivos ambientales ni la delimitación de las áreas de influencia directa e indirecta del proyecto, así como la situación cultural actual de las comunidades nativas de la zona. El lote 95 explotado por PETROTAL con una producción diaria entre 16,000 y 20,000 barriles diarios, la mayor del país en este momento, ve comprometida su operación por los continuos paros convocados en la población de Bretaña aledaña al campamento base de la compañía petrolera. El lote 8 está inoperativo tras la salida de Pluspetrol y el 192 de igual manera a la espera de que Petroperú defina el modelo de explotación que desarrollará en él. El crudo de los tres lotes sale con destino al puerto de Bayovar desde la Estación 1 de Petroperú situada entre las comunidades de San José de Saramuro y Saramurillo en la cuenca del río Marañón. Ambas han protagonizado recientemente suscesivas acciones que han impedido la operatividad del Oleoducto Nor-Peruano (ONP). El motivo ha sido la falta de cumplimiento de los acuerdos alcanzados en 2016 con el Estado para el desarrollo de la salud, educación, y acceso a agua potable en sus comunidades. Y la remediación de todos los pasivos ambientales, la eterna asignatura pendiente.
El estado peruano tiene la obligación de encontrar una solución equilibrada a las necesidades de desarrollo económico del país y a las garantías constitucionales a la vida y salud de todos sus ciudadanos. La respuesta que han encontrado los pueblos indígenas en sus reclamos en defensa del territorio que habitan contra la contaminación ha sido tradicionalmente la judicialización, persecución política y criminalización de sus líderes, asesores y acciones, incluso tras firmar acuerdos con premieres, ministros o recibir veredictos favorables a sus demandas. El Estado ha ido perdiendo oportunidad tras oportunidad la posibilidad de demostrar que es posible aspirar a una explotación de hidrocarburos compatible con los intereses de los pueblos y el mínimo daño medioambiental. Tan solo habría que cumplir los acuerdos que él mismo ha firmado. Enviar refuerzos policiales como los recién llegados a Bretaña para “garantizar el normal desarrollo de las actividades, tanto de las comunidades nativas como de la empresa PetroTal” (comunicado 001-2022 del Ministerio del Interior) solo parchea uno de los conflictos de una problemática secular, la de las relaciones entre Estado y pueblos indígenas.
Los indígenas jamás han rechazado la actividad petrolera, al contrario, siempre han manifestado su deseo de ser partícipes de la riqueza que debería suponer para todos. Ahora, sin embargo, sí existe un cuestionamiento del crudo como principal fuente energética a nivel mudial y los múltiples compromisos tanto por parte de empresas como de Gobiernos de lograr la neutralidad de carbono para 2050. No solo eso, la preservación de los ecosistemas de torberas tropicales como los correspondientes a los aguajales podría ser ya un importante recurso por su capacidad de secuestro de carbono y los pueblos indígenas no son ajenos a esta nueva perspectiva en la que además la riqueza bien preservada de su entorno natural puede en un futuro ya próximo ser mucho más valiosa que el petróleo.
Muestra de ello es el comunicado de FEPAP rechazando totalmente la realización de actividades petroleras dentro de su territorio porque “destruyen el bosque y contaminan aguas, suelos y aire […] pues queremos dejar un territorio sano a las futuras generaciones.” La lucha por el reconocimiento integral del territorio se vuelve por tanto un eje central. El 20 de diciembre de 2017 fue firmada por el juez Sergio Antonio del Aguila Salinas, titular del segundo juzgado civil de Maynas, la sentencia que fallaba la titulación integral del territorio a todo el pueblo Achuar del Pastaza y no de manera fragmentada a cada una de las 45 comunidades demandantes. La apelación no tardó en llegar, y la firmaron no solo Perupetro y Petroperú, sino también los Ministerios de Cultura, Agricultura, Energía y Minas y Relaciones Exteriores. En la sesión del Pleno del Tribunal Constitucional de fecha 18 de noviembre de 2021 el TC consideró en su evaluación del caso que “en el presente caso corresponde declarar un estado de cosas inconstitucional frente a la ausencia de una regulación explícita para la inscripción y registro de los pueblos indígenas u originarios. Por esta razón, este Tribunal Constitucional debería disponer que el Congreso de la República elabore, en el plazo de un año, una norma que establezca un Registro de Pueblos Originarios e Indígenas”.
La paz social es imprescindible para garantizar que el país pueda disponer de fuentes energéticas suficientes para su desarrollo. Perú podría tener capacidad de autoabastecimiento si pudiera explotar todos sus recursos petroleros, algo que con la incertidumbre económica y energética que genera en estos momentos la guerra en Ucrania sería más que deseable. Para poder hacerlo, sin embargo, necesita cumplir todos los compromisos adquiridos con los pueblos adyacentes a los pozos, especialmente en la lucha contra la contaminación de tierras y aguas. Es difícil entender que la rigurosidad con la que actua cualquier organismo estatal frente a un incumplimiento o retraso de obligación o impago tributario o de cualquier otro tipo no se ve correspondido cuando es el Estado el que falta a sus acuerdos. El hecho de que a día de hoy no se haya conseguido remediar ni tan siquiera un único sitio es muy grave y un severo impedimento para garantizar una producción continuada de crudo en la selva. El petróleo sigue siendo para los habitantes de los lotes amazónicos sinonimo de enfermedad, pobreza y falta de futuro; mientras siga siendo así será difícil pensar siquiera en el pago de la refinería de Talara, sea quien sea quien esté al frente de directorio de Petroperú, sea quien sea que gobierne.
Nota: Juanjo Fernández presentó el seguimiento durante más de cinco años de la vida de las comunidades ribereñas en el río Marañón en la exposición Alma del Río/Parana Tsawa en el CC Inca Garcilaso de Lima
