La censura de obras de economía, agronomía, manufacturas, artes o comercio, entendida como dictamen o juicio, era una de las funciones asignada a la Real Sociedad Económica Matritense. La misión específica de revisión de libros, periódicos, memorias, experimentos, escuelas, máquinas, instrumentos o iniciativas empresariales que surgían o eran tratados en los distintos organismos de la Administración, no aparecía en sí en los Estatutos de la corporación, aunque se puede entender dentro de los objetivos señalados en los puntos segundo y tercero del Título I de dichos Estatutos. En el caso concreto de la agricultura y la ganadería, en el último de estos apartados se decía que el fomento de la agricultura y la cría de ganados serían otras de sus ocupaciones, y analizar una obra impresa de agricultura era una forma de cumplir con este objetivo.
El Consejo de Castilla optó, desde la fundación de la Sociedad, por solicitar informes sobre las obras que se querían publicar, ya que aquél era el organismo polisinodial que otorgaba las obligatorias licencias para que se pudiera imprimir una obra, después de haber examinado los contenidos de la misma, como se puede comprobar en la confirmación de 11 de noviembre de 1680. Esta labor asesora era paralela a la de instrumentos, máquinas, proyectos e iniciativas de diversa índole que surgían en el seno de las instituciones de gobierno o promovidas en las mismas por algún particular o grupo.
La Sociedad Económica, al llegar el encargo, pasaba el trabajo a una de sus clases -Agricultura, Artes y Oficios o Industria-, en función de la naturaleza de la obra. En el seno de las mismas se decidía que uno o varios socios, siendo más normal esta segunda opción, se encargasen de leer la obra y ofrecer un dictamen que se leía en la junta particular de la clase para su aprobación, desestimación o para añadir o corregir algo del informe y, una vez aprobado, elevarlo a la Junta general de la corporación para ser aprobado o no. En caso afirmativo se enviaba al órgano peticionario. En otras ocasiones, el encargo del informe se realizaba directamente por la Junta general de la Sociedad a uno o varios socios o al censor, aunque el primer procedimiento descrito solía ser el más habitual.
El insigne historiador Ramón Carande ya señaló, en un trabajo clásico, esta labor asesora de las Sociedades Económicas en un momento en que las necesidades de conocimientos cualificados en los campos de la economía política, artes, industrias, manufacturas y agricultura para muchas de las tareas gubernativas eran de tal calibre y creciente nivel de especialización, que no se podían atender debidamente estas funciones con los conocimientos de la formación letrada clásica de los miembros de la Administración. Bien es cierto que muchos de los funcionarios dieciochescos pertenecían a la nueva élite ilustrada, pero aun así se necesitaba el concurso de personas que, gracias a su incorporación a las nuevas Sociedades Económicas, tenían capacidad de asesorar al poder, además de acometer otras funciones asignadas a estas corporaciones. En este sentido, no debemos olvidar que en las Sociedades no sólo trabajan miembros del clero, de la nobleza y, sobre todo, burócratas, sino también propietarios medios, maestros de taller, labradores activos, inventores, banqueros, comerciantes etc., un grupo algo heterogéneo en sus orígenes e intereses, pero que defendía los nuevos conocimientos útiles como, por ejemplo, la economía política. Así pues, la Sociedad de Madrid, por su cercanía física a los centros de decisión, podía contribuir en esta tarea de apoyo al Consejo de Castilla.
Como en los terrenos de la educación y de la beneficencia, la Matritense vuelve a mostrarnos la transición de aspectos del Antiguo Régimen a los del Estado Liberal. Si con sus instituciones de enseñanza y atención a necesitados bajo una filosofía utilitaria se estaba pasando del concepto de caridad barroca de iniciativa particular, canalizada a través de los cauces de la Iglesia, al de beneficencia y acción futura estatal, ahora en este tema que aquí nos ocupa vemos la creciente necesidad de los poderes públicos de contar con organismos técnicos de asesoramiento para cumplir con nuevas funciones, frente a la antigua formación de derecho que las Universidades daban a los consejeros y miembros de la administración de Austrias y primeros Borbones. Por ello, una vez asentado el Estado liberal, las Sociedades Económicas perderán mucha de su funcionalidad, al asumir aquél estas funciones. Estudiar estas corporaciones ilustradas desde este prisma nos permite comprobar cómo fueron mucho más importantes y decisivas en nuestra Historia, como tradicionalmente se ha creído, en la agitada transición del Antiguo Régimen a la Contemporaneidad.
La Matritense adquiere, pues, en esta materia asesora, un gran protagonismo hasta la Guerra de la Independencia. Su labor será recomendar o no la publicación o financiación de obras, publicaciones y opúsculos en materia económica o tecnológica, siempre en función de criterios de calidad. Esa asesoría podía tener, por lo demás, un fuerte calado de cambio de estructuras de una forma consciente o no, o simplemente quedarse en aspectos epidérmicos de mantenimiento o perfeccionamiento del Antiguo Régimen, es decir, en cuestiones más puramente técnicas. En fin, no podemos olvidarnos de que esta Sociedad Económica, como sus homónimas, es producto de ese movimiento contradictorio pero fundamental que fue la Ilustración.
La cuestión de la censura de obras por parte de la Matritense es un tema que debería ser estudiado monográficamente porque podría darnos muchas luces sobre varias cuestiones. En primer lugar, sobre la opinión u opiniones oficiales de la corporación en diversos temas y épocas, porque parece evidente que hubiera algún tipo de evolución de posturas, habida cuenta de los cambios y turbulencias que se sucedieron desde el reinado de Carlos III hasta el triunfo de la Revolución Liberal.
En segundo lugar, estos informes pueden ayudar a conocer, tanto el grado de apertura o no en cuanto a la publicación de trabajos más o menos críticos en la España ilustrada, como sobre el nivel de dichas publicaciones de obras propias y/o traducciones. Es verdad que estas dos cuestiones –apertura y nivel intelectual- ya han sido estudiadas, pero pocas veces utilizando estas fuentes de la Sociedad Económica Matritense. No debemos olvidar, aunque parezca obvio, que en el Antiguo Régimen no había libertad de imprenta, no sólo por las licencias previas del Consejo de Castilla, sino también por el férreo control ideológico del Santo Oficio a través de su eficaz instrumento: el Índice Expurgatorio o lista de los libros prohibidos o de los que, después de las correcciones oportunas, se podían publicar, pero bien es cierto que la Ilustración luchó porque se aligerase, en cierta medida, el peso de este control ideológico que ejercía tanto la Iglesia como la Corona en estas materias, intentando que esos mecanismos se hicieran más técnicos, es decir, buscando el cumplimiento de unos cánones de calidad. Unas veces consiguieron su objetivo, mientras que, en otras, el celo censor inquisitorial, antes tan activo en materias de herejías y ahora renovado hacia los libros de ciencia, consiguió asfixiar publicaciones e iniciativas. En este sentido, la Matritense jugó su papel de importancia a la hora de que se publicaran libros que ayudaran al progreso material del país.
Y, por último, interesa mucho conocer la postura y por ende las ideas, de personajes importantes, y también de segunda fila del momento, que revisaron obras y dieron dictámenes sobre las mismas, con lo que podemos enriquecer sus biografías y la historia de las relaciones entre censores y autores.
Fuentes y Bibliografía
Real Cédula de S.M… en que se aprueban los Estatutos de la Sociedad Económica de Amigos del Pais, con lo demás que se expresa, á fin de promover la agricultura, industria y oficios, Madrid, 1996, edición facsímil de la propia Matritense.
CARANDE, Ramón., ‘El despotismo ilustrado de los Amigos del País’, en Siete Estudios de Historia de España, Barcelona, 1969, págs. 164-165.
