La enseñanza de la agricultura, en España, desde el último cuarto del siglo XVIII hasta la muerte de Fernando VII se enmarcaba desde los presupuestos ilustrados como un medio para la difusión de la nueva ciencia agronómica y la revolución agrícola con relaciones un tanto ambivalentes con la revolución de las estructuras económicas del Antiguo Régimen.
Dentro de la Ilustración se dieron planteamientos muy dispares en cuanto a la articulación de estas dos revoluciones del agro español. Algunos eran claramente fisiócratas y hasta librecambistas en la defensa de una verdadera revolución económica en fomento de la propiedad privada, con la abolición de la vinculación de la tierra y la derogación de todo tipo de privilegios o tasas que distorsionasen o impidieran el libre juego de las leyes del mercado. Para éstos, como luego para sus herederos plenamente liberales, la enseñanza agraria formaba parte del conjunto de medidas de fomento de la nueva agronomía –investigación, publicaciones, aplicación tecnológica- que posibilitaría, a través de la intensificación de cultivos y la relación estrecha y doblemente beneficiosa entre ganadería y agricultura, el paso fundamental para conseguir el aumento sustancial de la producción y poder, de ese modo, arrumbar las seculares crisis de subsistencia. Pero esta enseñanza, junto con otras medidas, no daría sus frutos, siguiendo este planteamiento, si no se realizaban esos cambios estructurales oportunos. Al estar protegida la propiedad privada, libre de cortapisas, según estos planteamientos, los propietarios estarían preocupados por formarse para aplicar los avances de la nueva ciencia agronómica para sacar mayores rendimientos, siguiendo, en gran medida el ejemplo del caso inglés.
Jovellanos sería el autor español que mejor ejemplificaría esta teoría de doble cambio económico y agrario, a través de su ya clásica división entre ‘estorbos derivados de la legislación’ y los ‘estorbos derivados de la opinión’ en la agricultura en su Informe sobre la ley agraria, aunque no sin algunas contradicciones. Si, por un lado, era decididamente contrario a todos los obstáculos a la libre propiedad privada, motor del desarrollo económico, como era la amortización de la tierra, ya fuera eclesiástica o civil, no planteó una decidida política desamortizadora en ninguno de los dos casos, ofreciendo solamente soluciones de compromiso. Para el caso de la Iglesia solicitaba la intervención de la misma para ir deshaciéndose de las propiedades, o al menos no permitir que se amortizasen más tierras. En el caso del mayorazgo, aún fue más tímido, ya que considera que corrigiéndose algunos abusos podía seguir siendo considerada la base de sustentación de una nobleza, eso sí que debería cambiar y dedicarse a ser una élite cultivada y líder de los cambios, como defendió en su Elogio a Carlos III. No olvidemos que el planteamiento era revolucionario para la sociedad estamental, y Jovellanos fue un moderado consciente de los poderosos enemigos a los que se podía y, de hecho, tuvo que enfrentarse en su vida.
Dentro del grupo ilustrado que luchaba contra los obstáculos para esta liberalización nos interesa la postura defendida por Campomanes que buscaba los cambios, especialmente en lo referido a las manos muertas eclesiásticas, a través de la intervención del Estado. Era un evidente defensor del despotismo ilustrado, mientras que su paisano asturiano sería más partidario de una Monarquía a la inglesa, aunque sin grandes derivas liberales.
El problema estribó en que los monarcas del siglo XVIII no estaban dispuestos a cambiar los pilares de un sistema en el que asentaban su poder desde los tiempos bajomedievales. Además, como ya conocemos, cuando las llamas revolucionarias comenzaron a atisbarse al otro lado de los Pirineos cualquier iniciativa modernizadora fue ralentizada o simplemente abortada. Quizás Godoy quiso rescatar parte de este programa ilustrado, especialmente en lo referido a la revolución agrícola, y también en lo referente a la desamortización, pero aquella España vivía una situación de gran inestabilidad en vísperas de la guerra.
Pero junto con esta línea de pensamiento liberalizador en lo económico, otros ilustrados pueden ser calificados exclusivamente como agraristas, es decir que solamente contemplaban el cambio científico-técnico sin trastocar los fundamentos estructurales de la economía y sociedad del Antiguo Régimen. Serían favorables a la instrucción agraria, a las publicaciones, a la llegada de técnicos y nuevas máquinas y aperos, pero contrarios a cambiar lo sustancial. Se dio el caso de muchos ilustrados o tardo-ilustrados, que íntimamente intuían la dificultad de cambiar un agro exclusivamente con la instrucción, pero no se atrevían o no podían plantear cambios económicos revolucionarios: el miedo y el poder de los sectores más inmovilistas del Antiguo Régimen hicieron que algunos se contentasen con, al menos, procurar que los beneficios de la educación y la cultura pudiesen calar en algunos sectores. En este caso tendríamos a unos hermanos Boutelou, Claudio y Esteban, o a un Antonio Sandalio de Arias, que defendieron avances técnicos y la enseñanza de la ciencia agronómica en el reinado de Fernando VII, ante la constatación de que la restauración del absolutismo no permitía muchos más avances o cambios estructurales. Pero cuando se presentaron momentos de mayor libertad, no negaron en algunos de sus escritos, como estamos investigando en la actualidad sobre manuscritos desconocidos o poco conocidos de estos autores, que la agricultura española no avanzaba por los ‘estorbos derivados de la legislación’ y no sólo por los derivados en los ‘estorbos de la opinión’, si se nos permite la terminología de Jovellanos, tan empleada, posteriormente, en el seno de la Real Sociedad Económica Matritense de los Amigos del País.
