La doctora Valle Coronado aborda en este artículo la necesidad de planificar las emergencias en materia de salud pública
`Los desastres suceden´. Es así como Bruce Jennings, consejero del Hastings Center, comienza un artículo sobre la planificación de los desastres y la salud pública.
Con la lucidez de quien lleva décadas investigando sobre políticas de salud y ética medioambiental, desgrana en su libro Ethical Guidance for Public Health Emergency Preparedness and Response: Highlighting Ethics and Values in a Vital Public Health Service, los objetivos éticos de la planificación de emergencias en salud pública.
Considera B. Jennings que la preparación para las emergencias debe estar dirigida a proteger la seguridad pública y la salud, minimizando el alcance de las muertes, las enfermedades y la discapacidad.
Pero, en nuestro sistema sanitario hace ya tiempo que la salud pública dejó de ser una prioridad para políticos y gestores, y la consabida falta de planificación tiene consecuencias dramáticas, como estamos viendo actualmente en la pandemia del coronavirus.
Planificar implica ir por delante, anticipar lo que va a suceder para tratar de paliarlo, pero ello exige recursos. En la anterior crisis económica, no de salud como la actual, los recortes en sanidad diezmaron el sistema, se redujeron plantillas y disminuyó la inversión en nuevas tecnologías e investigación. La supuesta eficiencia, que llevaría a dar unos servicios sanitarios de `calidad´, condujo a un sistema insuficiente e incapaz de enfrentar una crisis de salud pública como la que estamos viviendo en la actualidad. En ese escenario económico, gestores y profesionales sanitarios se esmeraron en conseguir una erróneamente llamada eficiencia `clínica´ que, en realidad, resultó ser una eficiencia `económica´, es decir, dar a toda costa las mismas prestaciones con menos recursos.
‘En nuestro sistema sanitario hace ya tiempo que la salud pública dejó de ser una prioridad para políticos y gestores, y la consabida falta de planificación tiene consecuencias dramáticas’
Y así, la salud pública cayó en el olvido. Invertir en planificación no era en ese momento una prioridad para gestores y políticos, convencidos de tener lo `suficiente´ para atender las necesidades de salud de los ciudadanos.
Y ahora, ante una emergencia sanitaria, nos encontramos un sistema desbordado, sin recursos humanos ni materiales, abocado a improvisar actuaciones que, con mayor o menor éxito, conduzcan al final de la crisis. Pero, una vez desatado el desastre solo cabe que al menos la toma de decisiones se haga de manera responsable y justa.
En las crisis de salud pública la responsabilidad nos implica a todos. Políticos y gestores deben posibilitar los recursos que los profesionales sanitarios precisan para atender a los pacientes en condiciones de seguridad y calidad evitando, en lo posible, tener que enfrentarse a dilemas éticos innecesarios derivados de la falta de material, como el decidir quién es candidato a una intervención curativa y quién queda excluido de la misma. Y, por otro lado, todos nosotros, como ciudadanos, tenemos la responsabilidad de contribuir en la reducción de los efectos de la pandemia, llegando incluso a limitar nuestras libertades si ello fuera preciso.
La toma de decisiones justas en el contexto de una emergencia sanitaria, en la que con frecuencia los recursos son limitados, nos lleva a reflexionar sobre los criterios de justicia a elegir en el reparto de los beneficios y las cargas. Establecer criterios únicos como la edad o los años de vida ajustados por calidad (QUALYS) para decidir quién recibe un determinado tratamiento, ya sean fármacos, respiradores o cualquier otro empleado en la curación de la enfermedad, no parece la mejor opción. Desde el ámbito de la salud pública sería más prudente recurrir a la equidad en la distribución de los recursos, detectando a las personas más vulnerables para evitar que sean ellas las que sufran la peor parte.
En la actual pandemia por coronavirus son los ancianos y los enfermos crónicos los que padecen las consecuencias más graves de la enfermedad. Sería más equitativo valorar las necesidades de los grupos de población más afectados y proporcionarles los recursos que precisan adaptados a la situación, dándoles participación en las decisiones.
Aunque la realidad termina superando cualquier escenario previsto en una fase de planificación, al menos esta última nos facilita un soporte para disminuir la incertidumbre cuando el desastre ha acontecido. Habremos de esperar a que pase esta crisis, pero cuando ello ocurra, no debemos caer de nuevo en el error de dejar relegados a un segundo plano a los servicios de salud pública, porque tanto en sus funciones de preparación ante las crisis como de prevención son pilares fundamentales de los sistemas sanitarios.
