Hace ahora 80 años, moría exiliado en la localidad francesa de Montauban Manuel Azaña, quien fuera ministro de la Guerra, Jefe de Gobierno y Presidente de la Segunda República en distintas ocasiones entre 1931 y 1936. Indiscutido impulsor del republicanismo en España, a su condición de escritor, traductor, ateneísta y pensador cosmopolita y laico, añadía la de haber sido el primer intelectual que accedió a la primera línea de la escena política española a lo largo de la Historia.
Nacido en Alcalá de Henares en 1880, en el seno de una familia de extracción burguesa, estudió en el Real Colegio Alfonso XII de San Lorenzo de El Escorial para seguir la carrera de Derecho en Madrid. Desde muy joven se mostró versado hacia el pensamiento, la literatura y, señaladamente, la política. Y, como meta vital más señera, la de su profundo compromiso reformista de las instituciones españolas que, en su época, mostraban un evidente atraso respecto de las continentales.
De su biografía política, ampliamente conocida, me propongo destacar la importancia de la atención dedicada por él al Ejército durante la mayor parte de su vida pública, desde 1915 hasta su muerte. Tal atención puso de manifiesto su innegable condición de hombre de Estado, dada la importancia de la milicia como vector de poder en España desde mediados del siglo XIX, en el que comenzaron a cristalizar las pulsiones pretorianas, cesaristas y caudillistas dentro de los cuarteles.
Un ejército sobredimensionado
El Ejército español, cuando atrajo la atención de Azaña, presentaba una silueta deformada en distintos e importantes aspectos, caracterizada por la sobredimensión; tanto en términos orgánicos como en cuanto a su ascendiente y a su peso político real en la escena histórica. El principal propósito del estadista alcalaíno en este ámbito sería pues el de reformar y redimensionar el bastidor humano, técnico y logístico del Ejército modernizando las tres armas; reconvertir sus funciones ofensivas en defensivas, lo cual implicaba suprimir las misiones policiales y de orden público que la monarquía les había asignado; y detener el declive de su valoración social y de su eficacia, en los que, a la sazón, se encontraba entre otras razones por la pervivencia de una estamentalidad clasista y una confesionalidad impropia de una fuerza armada moderna.
Desde el punto de vista orgánico, las fuerzas armadas en España, nutridas por soldados de reemplazo, suboficiales y oficiales y jefes de carrera, habían heredado una inflación que abultaba de manera ineficaz su generalato y su oficialidad. La ratio de soldados de leva asignada a cada oficial, dado el elevadísimo número de estos, decrecía clamorosamente respecto de todos los estándares concebibles vigentes en los ejércitos de países vecinos. La sobredimensión de las unidades se expresaba, en el más numeroso Ejército de Tierra, en un contingente total de dieciséis, 16, divisiones, cuando las necesidades reales podían permitir dividirlas por dos y alcanzar con ello plena operatividad.
Según expertos (*), aquella hinchazón, que elevaba a 258 el número de generales en activo y asimilados, tenía su remoto y casi centenario origen en la adscripción a los mismos rangos militares de los cuadros, jefes y oficiales procedentes del carlismo, como resultado de los acuerdos de la Paz que pusieron fin a las guerras carlistas. La inercia inflacionaria militar se había acentuado por las últimas guerras coloniales en Filipinas y Cuba, además de las libradas en el Norte de África. A ello había que añadir, cuando Azaña toma conciencia de la cuestión militar, una inusitada pobreza de medios, pertrechos y bastimentos; una deficiente –y corrupta- intendencia; una logística anticuada y una doctrina militar que reclamaba una urgente innovación en virtud de los profundos cambios tecnológicos que estaba demandando una sociedad como la española, en la que el peso de la agricultura –el 40% de la actividad económica- retardaba una industrialización exigida por las pulsiones de progreso a escala continental.
En el ámbito de los contenidos, tal imagen pública del Ejército se veía entonces muy dañada con el estigma de la impopularidad. A ello contribuía su sobredimensión, más la derivada de una formación castrense endogámica; el universo militar era percibido socialmente con rechazo, debido al esfuerzo exigido al pueblo llano a propósito de las sucesivas guerras coloniales en América y en Marruecos, que discurrían sin otro resultado, a ojos del gran público, que la continua efusión de sangre por parte, señaladamente, de la tropa de reemplazo y la suboficialidad allí enviadas, en su mayor parte, de extracción social campesina o proletaria. La Semana Trágica de Barcelona, en el verano de 1909 y la huelga revolucionaria de 1917, serían dos estallidos sociales motivados por el rechazo a las guerras coloniales.
Reformar la legislación
La legislación militar se apartaba abiertamente de la civil, con una excepcionalidad punitiva considerada extremadamente rigurosa y aplicable en gran medida a los estratos básicos de la milicia. El carácter extremadamente confesional de los Ejércitos españoles, que seguían pautas de calendario, festividades, libranzas, permisos y perdones procedentes de la religión católica, encontraba su expresión en un cuerpo religioso castrense específico asignado a las unidades más importantes. Los ejércitos no mostraban un ápice de laicidad y la asintonía con las vigencias creenciales católicas era vista con recelo excluyente y, en ocasiones, sancionada como tal.
En el orden exterior, la diplomacia secreta aplicada a España por parte de potencias como Alemania, Inglaterra, Francia, incluso Italia y Portugal, no concitaba apenas interés parlamentario e impedía cualquier tipo de acceso informativo civil a lo que en verdad estaba en juego en la geopolítica europea de la época. España era un peón del juego y de las profundas contradicciones que se traían entre sí las grandes potencias imperialistas europeas. Solo el alto mando del Ejército y la Marina tenían cierto acceso a los ámbitos donde se diseñaba la Razón de Estado, es decir, la actualización de los intereses estatales de permanencia en el espacio geográfico y en el tiempo histórico, así como la política exterior, ambas dimensiones formalmente centralizadas en la figura del monarca. Por ende, tales juegos geopolíticos tenían relación asimismo con los intereses económico-financieros, señaladamente mineros, de la Corona en el rifeño Norte de África. La Corona se hallaba además involucrada per se y por la cúpula africanista del Ejército en la defensa a ultranza de las posiciones españolas sobre el territorio al otro lado del Estrecho.
Bajo el adjetivo africanista se entiende la ideología específica de los rangos del mando militar en ascenso, que abarcaba su visión del mundo, sus valores, su ambición corporativa y sus propuestas inicialmente paleo-políticas para la Nación, de la cual se consideraban máximos defensores y exponentes. Cuando el rey se exilió de España en 1931, el estamento militar apenas rechistó. Sin embargo, el germen del africanismo, la ideología imperial-colonialista del sector hegemónico del Ejército, permitió a sus principales exponentes, los Sanjurjo, Mola, Franco, Varela, Saliquet, Yagüe… aprovechar el vacío dejado por el monarca para instalarse en la dirección, primero soterrada, luego explícita, del poder. Desde éste, impregnaría al Estado con su ideología profundamente reaccionaria, autoritaria y, entonces en sintonía con el fascismo.
Contra todas estas constantes adversas se enfrentaría Manuel Azaña, atento siempre a la importancia estatal del Ejército y a sus singularidades históricas, con las consecuencias políticas señaladas. Azaña admiraba el papel cívico asignado por las leyes de le República francesa a las Fuerzas Armadas del vecino país y quiso aplicar algunas de las enseñanzas allí obtenidas a la reforma profunda del Ejército español. Avalaba sus convicciones la conciencia, extendida por toda Europa, del carácter modélico de las fuerzas armadas francesas que mantuvieron un rearme imparable tras la Primera Guerra Mundial, rearme y organización que le asignaba la hegemonía militar en el continente europeo, asignación que se mostraría falsa por el empuje de la Wehrmacht.
Modernización de las Fuerzas Armadas
Con una celeridad cebada por las presiones del alto mando militar de extrema derecha monárquica, clerical y oligárquica, así como por los vectores más inquietos del africanismo, Manuel Azaña se dispuso a aplicar las transformaciones legales ideadas por él y por su mano derecha para cuestiones militares, el coronel Juan Hernández Saravia y el Gabinete Militar creado al efecto como máximo organismo asesor en asuntos castrenses de la autoridad política. Las reducciones doctrinales y logísticas propuestas por la legislación militar de Azaña disgustaron a los sectores militares medio-altos, oficiales y jefes, pendientes de los escalafones, ya que la inversión doctrinal de los Ejércitos desde su anterior dimensión ofensiva a otra de tipo defensivo, truncaba las plataformas de ascenso por méritos de guerra. No obstante, los recortes en el personal en armas fueron compensados generosamente con la posibilidad de acogerse a retiros que respetaban los emolumentos previos al pase a la reserva previsto por la nueva ley. De los 258 generales y asimilados con los que contaba el Ejército profesional 135 pidieron su pase a la reserva, acogiéndose a las nuevas condiciones legales. De las 16 divisiones orgánicas se pasó a disponer, integradas, de 8. La milicia quedó desprovista de las funciones policiales que se había asignado con la ley de Jurisdicciones de 1906, que quedó derogada por la nueva legislación.
La suboficialidad pasó a atraer más atención política y administrativa por parte de la autoridad civil, que fortificó la formación de este sector castrense. El conjunto del Ejército, al modo en que la República Francesa lo había hecho con el suyo, quedó dispuesto a las órdenes de las autoridades civiles. Los rangos eclesiales castrenses fueron disueltos. La laicidad, que ya había comenzado a despuntar en algunos círculos castrenses del Norte de África durante las campañas coloniales, tomó cuerpo entre la oficialidad republicana, minoritaria pero promocionada intencionalmente y por razones obvias desde el poder naciente.
Uno de los puntos más conflictivos, que cebó el rechazo frontal del sector africanista más pertinaz, sería el cierre de la Academia Militar de Zaragoza, donde Franco ejercía la dirección. Pese a su conflictividad, se trataba de la medida clave de toda la reforma propuesta por Azaña. Y ello por cuanto que desde tal plataforma formativa se perpetuaba la autonomía política del Ejército; la ofensividad de la doctrina militar allí impartida; el clasismo, que segregaba a la sub-oficialidad y a la tropa; la inflación galopante de cargos; la confesionalidad impropia de un instituto armado; la ineficacia funcional y todo lo que acentuaba la distancia social del ejército y, a la postre, su impopularidad ante las clases populares.
Resulta difícil negar la existencia de una línea de continuidad entre el rechazo del africanismo contra las reformas de Azaña y el carácter profundamente corporativo castrense del denominado alzamiento de julio de 1936: cabe afirmar que fue determinante y crucial el involucramiento en el desencadenamiento de la Guerra Civil del sector del Ejército profesional que precisamente, aspiraba a hacerse con la hegemonía política. Fue su desmedida e injusta ambición la que desencadenaría la guerra, aunque el franquismo propaló que la inducción de la contienda se debió a la República y a sus exponentes. ¿Fue demasiado ambiciosa o demasiado ingenua –dada la envergadura de sus enemigos- la reforma de Azaña? No hay respuesta certera a esta pregunta. Lo cierto es que la urgencia de los cambios propuestos por el político alcalaíno era tan apremiante para el bien de España que, de haberse consolidado, la Guerra Civil no hubiera tenido lugar. La dimensión estatal estratégica de sus propuestas, quizá, quizá, se vio quebrada por una maniobrabilidad táctica que no tuvo en cuenta la adversidad de la correlación de fuerzas para aplicarlas tal como se aplicaron, en un plazo tan breve y tan asediado por inercias seculares.
(*) Manuel Aroca, Julio Aróstegui, Ángel Bahamonde, y Gabriel Cardona, Enrique Moradiellos, Paul Preston y Ramón Salas, entre otros, han tratado en profundidad el tema.
