En momento de crisis como los que vivimos, la responsabilidad pública de instituciones como la Prensa demanda de ella la máxima exigencia social. Exigencia para que busque y difunda información veraz que, una vez contrastada, contribuya a reducir al mínimo la incertidumbre que se cierne sobre la vida social durante las crisis. Desgraciadamente, hay coyunturas en las cuales el desconcierto se adueña también de determinados medios y de algunos periodistas que incurren, consciente o inconscientemente, en irresponsabilidad. Caen en ella cuando abdican de su compromiso con la comunidad y olvidan que la información es un bien social que no les pertenece sino que únicamente les ha correspondido administrar con objetividad, forma suprema de la honestidad. La información es pues un bien social.
Este desconcierto se ve acompañado siempre por la confusión de dos dimensiones distintas: la información y la opinión. La información es la base factual de la realidad, mientras que la opinión es aquello que se interpreta de lo que acaece. Pero la opinión no puede ser nunca un mero punto de vista: el punto de vista de un periodista vale exactamente lo mismo que el de cualquier otro ciudadano. Lo que da valor a la opinión periodística es el grado de información veraz y contrastada de la que su estimación dispone. Por ello, cuando el periodista opina, su interpretación ha de fundamentarse en información veraz. El cruce de informaciones veraces dará siempre como resultado una nueva información veraz. Aquí reside el fundamento del análisis y de la opinión fundada que desencadena la mejor dialéctica periodística.
Intencionalidad versus información
En la presente situación, algunos profesionales del Periodismo y muchos otros que no son tales pero que pululan, como si lo fueran, por las redes digitales sin ningún compromiso moral en la defensa de la verdad, muestran haber abdicado del vínculo ético que conecta estrechamente al periodista con la comunidad. La intencionalidad política, generalmente derivada de una opción ideológica privada -legítima en la vida civil, pero en absoluto en la actividad informativa-, lleva a quienes incurren en tal deriva hacia cotas inquietantes de irresponsabilidad.
Otros problemas surgen de la relación del periodista y el secreto. Caso específico es el del secreto de Estado, práctica política generalizada, que el poder frecuenta en numerosas situaciones. Una de ellas, excepcional, será la situación que configura una crisis de envergadura como la de la pandemia por coronavirus que hoy afronta España. Cuando se acude a tal práctica secreta, el Estado concernido, a través del Gobierno, invoca siempre la seguridad colectiva, que las crisis de todo tipo, ahora sanitaria, ponen en peligro.
Es en este tipo de situaciones cuando surge una doble amenaza potencial para la sociedad que afecta de cuajo al periodista: o bien que la información, considerada de peligro, sea susceptible de quedar oculta bajo el manto del secreto estatal; o bien que la sociedad encare, sin caución, riesgos presumiblemente ciertos para su viabilidad que la crisis pueda acarrearle. ¿Hay situaciones intermedias entre el paternalismo y la desprotección estatales? Sí. Aquellas que contemplan administrar desde el Gobierno del Estado y desde los medios responsables la información de interés social de manera que se reduzca al máximo el margen de incertidumbre que la inseguridad vinculada a la crisis implica para la ciudadanía. La caución no está reñida con la información, ni esta con la seguridad. Una buena información puede ser el mejor antídoto contra una crisis. Para ello se necesita que existan condiciones objetivas y subjetivas que hagan viable este flujo de información hacia la sociedad.
En el terreno objetivo, en la misma definición del peligro social, de la inseguridad y de la propia crisis operará la dinámica del secreto. La experiencia histórica mundial indica que revelar sus contornos suele considerarse, desde importantes instancias del Estado y de los medios periodísticos responsables, que puede dar pistas a los agentes inductores del peligro, si los hay. Si no hubiera inductores directos, la difusión inmediata de las amenazas en presencia se teme que también podría desencadenar, por ejemplo, situaciones generalizadas de pánico.
Una primera medida para evitar ambos riesgos suele ser, en la práctica política, la de evaluar, uniformizar y graduar la información de interés social, para evitar que los distintos modos de percibirla e interpretarla se conviertan en contradictorios o amplíen antagonismos sociales pre-existentes. Y ello puesto que la recepción y efectos de las crisis variarán en función de las previas distinciones sociales de grupo o de clase que dividen la sociedad por niveles de renta, de cultura, de capital social o de influencia política. Por cierto, algunas experiencias sociológicas demuestran que los máximos niveles de renta suelen coincidir con mínimos niveles de solidaridad, salvo algunas excepciones de las consideradas filantrópicas.
Pero el secreto de Estado se ve supeditado a una instancia superior: la Razón de Estado; a ella le rinde cuentas. La Razón de Estado define los intereses invariantes para la supervivencia en el tiempo y el espacio de la sociedad a la que el Estado asume representar políticamente. Definen la Razón de Estado los consejos áulicos, organismos informales, de composición generalmente no conocida, que operan en el contorno inmediato del poder estatal y poseen una cultura áulica específica, de alcance estructural, por encima de las coyunturas políticas propiamente gubernamentales o partidarias. Esos consejos áulicos encarnan la definición y gestión, en forma de asesoría estratégica, de la idea de trascendencia estatal, en el espacio territorial y en el tiempo histórico, que el Estado se arroga para sí. También los consejos áulicos, blindados al acceso de la Prensa, suelen asumir la definición de peligros y riesgos sociales, amenazas como las que las crisis graves implican.
Por su parte, la Seguridad Nacional –este concepto fue degradado por su práctica en clave represiva en América Latina en los años 60-90 del siglo pasado-, defiende hoy y aquí, en clave democrática, al Estado de todo cuanto le acecha en situaciones de máximo riesgo para la vida de la ciudadanía y la estabilidad de las instituciones, como la crisis pandémica plantea hoy al país. Como cabe ver, Seguridad Nacional Democrática es un componente sustantivo de la Razón de Estado.
Consejeros áulicos
A la definición de las amenazas críticas se accede mediante un proceso secreto que movilizará la cultura estatal acuñada históricamente por sus depositarios, los consejeros miembros de los consejos áulicos, de la cual acostumbran extraer las claves invariantes de los intereses en peligro; en lenguaje tópico actual, fijarán las líneas rojas que no deben ni pueden cruzarse sin grave quebranto para la estabilidad y los intereses del Estado, esto es, para la Seguridad Nacional Democrática. A ella se agregará la información coyuntural relevante en el momento de surgir la crisis.
Todos esos procesos se aceleran exponencialmente cuando la coyuntura crítica se despliega. El tiempo de respuesta política ante una crisis se exige socialmente que sea mínimo, en esa lid se desenvuelve el Periodismo, que ha de informar no solo de manera veraz, sino también velozmente; pero el tiempo para la recolección de la cosecha informativa previa, para una certera decisión política frente a la crisis, tenderá a ser máximo, a no ser que se haya desplegado con anterioridad una política de previsión solo concebible y eficaz mediante el cotejo de experiencias histórico-críticas propias y anteriores. La ausencia de precedentes cercanos suele erosionar la premura y la eficacia de la respuesta.
Evidentemente, en este despliegue de procesos entra en juego la propia sociedad y su institución civil asociada, la Prensa. ¿Qué ha de hacer el Estado con respecto a la sociedad a la que dice representar? ¿Convocarla abiertamente frente a la crisis, facilitándole de manera inmediata y a través de la Prensa la información recabada? ¿Ocultar las amenazas a la sociedad, con la complicidad de la Prensa, mediante la cancelación informativa y su sellado a través del secreto? ¿O bien suministrar gradualmente a la sociedad, Prensa mediante, información útil para su defensa? Surge aquí el dilema de la participación cívica en los procesos de crisis.
Pedagogía para enemigos de la democracia
En el plano subjetivo, sociedades o grupos sociales avanzados, es decir, en aquellos en los que existe armonía entre individualidad y sociedad a través de la solidaridad, la aportación social en el proceso de defensa anticrisis podrá ser máxima; ergo, la información entre Estado y Sociedad deberá y podrá fluir abiertamente. Por el contrario, en grupos sociales donde la ecuación individualidad-solidaridad está descompensada a favor de la primera variable, como muestran determinados grupos mediáticos, se impone el despliegue urgente de una pedagogía sobre el alcance social de la evolución de la crisis en marcha. Tal es uno de los desafíos más disruptivos para la acción política eficaz, también para la acción informativa periodística responsable, porque distraen mucha energía que cabría desplegar para ceñirla a la lucha contra la crisis.
En este tipo de grupo político-mediático descompensado, la inseguridad preexistente en ellos es la partera de las reacciones dogmáticas anti-estatales que suelen surgir de su seno. A tal tipo de reacción, espoleada por la ignorancia y la falta de cultura democrática, se añadirá la inseguridad derivada de la propia crisis, con lo cual sectores político-mediáticos específicos, los más alejados de la política democrática y que no respetan la heterogeneidad de los lenguajes periodísticos y políticos, serán un factor más de acentuación de la propia crisis. De esos sectores, donde se acomoda la mala fe con la ignorancia y destilan mutuamente odio, surgirán pues peligros y amenazas adicionales a las evidentes dificultades que comporta la lucha estatal democrática contra la crisis. Lo malo es que el simplismo del mensaje antidemocrático, su reducción de la crisis a ecuaciones de buenos y malos, cuenta con poderosos altavoces y medios para expandir frívola e irresponsablemente su propia inseguridad.
En España, todos sabemos a qué grupos político-mediáticos nos referimos. Sus líderes se caracterizan por su intransigencia y su falta de empatía social, pese a que dicen acogerse a un sistema de valores respetable, como por ejemplo el cristiano, que desprecian en la práctica con sus reiterados actos de odio, de descalificación ad hominem, sus llamadas al linchamiento personal hacia dirigentes políticos elegidos democráticamente, actos con los que ponen de manifiesto que desdeñan los preceptos convivenciales y políticos básicos de una democracia. No median entre la sociedad y el poder, beligeran abiertamente contra ambos a través de esparcir bulos sin pruebas ni contraste objetivo alguno.
Será pues parte integrante hoy de la Razón de Estado en España, como precepto básico de Seguridad Nacional Democrática en una situación objetiva de Estado de Alarma, neutralizar con la ley en la mano los actos delictivos de intoxicación informativa, desmoralización derrotista en los que vienen incurriendo algunos de los líderes más conspicuos de tales grupos político-mediáticos, por asemejarse su conducta sobremanera a la alta traición contemplada en las antiguas leyes de Guerra, que aplicaban las máximas penas a quienes en aquella incurrieran.
Por fortuna, la democracia abandonó tales sanciones, pero sí cabe emprender una pedagogía que reeduque en la cultura democrática a los dirigentes de esos sectores, que han abdicado de la responsabilidad social de la Prensa. Será tarea prioritaria del Estado democrático acallar aquellos miles de bulos corrosivos y odiosos, difundidos por procedimientos automáticos ilegales, contra la verdad, contra gobernantes legítimamente electos y contra las instituciones democráticas. Una vez despejados tales obstáculos, cabrá abrir paso a la crítica honesta y constructiva que ha de preceder a la colaboración política, necesaria y unitaria, en el objetivo de reconstrucción que España precisa urgentemente y que el Gobierno de coalición, intérprete legítimo y democrático de los designios sociales y estatales, se propone acometer.
