Por Andrés Cascio (Doctor en Psicología Social y Director del Master en Liderazgo Político de la Universidad de Barcelona).-
En octubre del 2011, Artur Mas avisaba que cualquier tipo de ataque a la lengua catalana sería considerado «Casus Belli», por otra parte Rajoy ha llegado a considerar «casus Belli» hasta la ley catalana contra la fiesta taurina, porque lo que estaba en juego era la patria.
Con el tiempo la escalda de declaraciones a veces flemáticas a veces coléricas, de uno u otro «bando», han ido conduciendo la cuestión catalana a un verdadero «casus belli» al enfrentar a la sociedad civil, de forma soterrada y mediante una agresividad sutil que puede percibirse en las relaciones que se dan en el espacio público; para los independentistas, si estás en contra del proceso tal como está planteado eres considerado un esquirol, que obedece a las consignas antipatrióticas que emanan de los «unionistas españoles».
Según todos los estudios los intimidadores podrían alcanzar algo menos, tal vez bastante menos del 40 o 44% de los ciudadanos/as de Cataluña, porque incluso entre los partidarios del SI a la independencia, hay personas con algunas razones anfibológicas.
Por consiguiente la gran mayoría del pueblo catalán quedaría excluido y si bien podría entenderse que «el silencio otorga», no cabe duda de que nos encontramos ante una injusticia de una envergadura propia de aquellas sociedades que tienen una interpretación sesgada del concepto de democracia.
La falta de entendimiento da lugar a un «casus belli», que radica en negar la opción a decantarse por otras opciones, como la de constituirse en un estado federado con los otros pueblos y naciones de España o porque no ibéricos.
Otra opción que reúne algunas simpatías es la de contar con nuevo «estatut» diferencial, pero con un encaje en el actual ordenamiento jurídico español.
Sin duda, en estas circunstancias es necesaria la modificación del título octavo de la constitución y porque no, del título segundo que abogue por un estado plurinacional, laico e imbuido de los valores republicanos de libertad, igualdad, fraternidad, justicia y tolerancia.
Es indudable que se requieren enmiendas a la Constitución del 78, sin embargo, también sería aconsejable que parte de la ciudadanía, aquella que rechaza de plano la carta magna, leyese con atención el texto constitucional, tal vez entonces podrían entender mejor el marco jurídico en el que nos encontramos y cuáles son las reformas que necesitamos hacer.
Superada la edad contemporánea y ya inmersos en una nueva era, caracterizada por la conexión y la interdependencia global, una posición nacionalista y/o proteccionista es colocar a la sociedad catalana en una posición conservadora, que pretende anclarnos social y emocionalmente en un escenario de los que ya pueden considerarse del pasado.
Permítanme parafrasear al ensayista José Ingenieros, que sentenció, «quien mira hacia atrás viste con la mortaja del pasado». Es el momento de avanzar en una nueva dirección, que sin duda no tiene nada que ver con el escenario que nos ofrece el Partido Popular, pero tampoco el de aquellos secesionistas que nos ofrecen un trampantojo del advenimiento de un nuevo estado fuera de España.
Resulta una infamia hacer predominar a la mitad de una ciudadanía sobre la otra mitad y también negar el derecho a decidir; ¿acaso el derecho a decidir no significa, que también un buen número de ciudadanos/as, desearían decantarse por una opción distinta a las que nos proponen los contendientes de este «casus belli»?
La infamia continúa su camino inexorable a través del tiempo y hace nido en el medio pelo de la sociedad mediocre; ambiciosa se nutre de ese conglomerado humano, que no aporta ni luz, ni riqueza, y suele alimentarse en ocasiones de sentimientos o de fuerzas psico emotivas alejadas de la razón.
La infamia suele tener su caldo de cultivo en el pensamiento inflexible, rígido y no pocas veces inmaduro, gestado en consignas preestablecidas que anuncian como única verdad la suya y como única justicia aquella idea convertida en dogma.
En el momento actual se enfrentan dos posiciones inflexibles, como cuándo Aníbal Barca dejo a Roma al borde de la destrucción, pero no la venció. Ahora los grandes generales de esta gesta pretenden hacer rendir al otro y sumergirlo en la humillación en lugar de acercar sus posiciones. Mientras tanto otras fuerzas políticas juegan una confusa carta de neutralidad, «los comunes» defienden el «derecho a decidir», ¿pero solo entre dos opciones?, ¿quieren acaso dejar fuera a una buena parte de la ciudadanía, sin ese derecho a decidir por su opción?.
¿O tal vez se refieren a la autodeterminación?. En ese caso habría que recordar que para la ONU prima el Derecho a la integridad territorial sobre la libre determinación de los pueblos que ya están constituidos de forma democrática en un estado, reconociendo solo la autodeterminación para aquellos pueblos coloniales o asimilados (como el caso de Sudáfrica durante el Apartheid) según la resolución 2526.
Tal vez sea por eso que el apoyo internacional a ese «proces» es extremadamente escaso, sin citar la falta de apoyo de los poderes económicos, que de facto marcan el destino transaccional de las relaciones a nivel global.
En cualquier caso, el amplio despliegue de los grandes comunicadores en ambos «bandos», no hace otra cosa que manipular una realidad incierta e irreal, pero que de algún modo es cierta.
El «casus belli» tiene fecha para la gran batalla, el 1 de octubre. Las fuerzas analizan sus estrategias para el combate final, miden sus potenciales y mientras tanto la incertidumbre se apodera de la ciudadanía y deja en «stand by» a una multitud de proyectos.
Y es en este escenario que me asalta la indignación y quiero reclamar el clamor contra la infamia, como lo hiciera Voltaire en 1779, quiero reclamar nuestro derecho a decidir por una opción que no está en liza, la constitución de un estado federado con el resto de los pueblos de España primero, ibéricos después y por último con el resto de los pueblos europeos. Empecemos pues a trabajar para la modificación del título segundo y octavo de la constitución y aboguemos por cerrar este «casus belli».
