Aviso para lectoras y lectores avezados: aquellos que hayan leído el artículo aparecido la semana pasada en esta revista bajo el título «2018: ¿año de la…», tienen ante ellos una segunda parte, una continuación motivada por la buena acogida que tuvo la primera. Eso sí, adolece del mismo defecto, pues si la problemática de una revisión constitucional (en mi opinión deseable o, mejor, inevitable) y con ella los elementos tácticos y estratégicos que va a exigir su negociación subyace al texto que van a ver, ésta no aparece explícitamente. Espero poder analizarla en artículos posteriores, si es que llegan a escribirse.
El objetivo de este ensayo, hilar un análisis sociopolítico de algunas peculiaridades que presenta la situación catalana pocos días antes del 1-O, exige una aclaración precautoria. Veamos.
La complejidad, o sea la suma de incertidumbre + no-linealidad, es parte ontológica, consustancial a la política y siempre que podamos, debemos intentar reducirla o, como mínimo, sistematizarla para que nos identifique la aparición de factores clave en los procesos políticos. A toro pasado veremos si estas claves pueden:
a) ser ocasionales y aparentemente irrepetibles
b) ser cíclicas o repetitivas, aunque dando lugar a situaciones diferentes
c) y nos permiten imaginar claves, situaciones y consecuencias posibles a la hora de tomar decisiones.
En el comentario político habitual casi siempre suele ser más intuitivo hablar en términos de la incertidumbre que rodea a la política y a las decisiones que en ella se toman, que hablar (con mayor rigor) de la no-linealidad de la política: pero dado que la política no es lineal, los acontecimientos políticos tampoco son lineales (en general tampoco los sociales o incluso los legales). En el mundo real, dinámico, nos encontramos con situaciones abiertas, sometidas a influencias externas o factores internos no previstos que interfieren en cualesquiera relaciones sociales, distorsionando su análisis.
Una normativa política determinada, diseñada para organizar un conjunto de problemas (como puede ser p. ej. la priorización), se encuentra con que éstos no son estáticos ni responden como se esperaba a unas medidas dictadas de manera lineal, pues pueden y suelen reaccionar de manera impredecible. Podemos sistematizar, simplificar, analizar y plantear soluciones para un problema (o conjunto de problemas) político, ser todo lo exhaustivos que queramos con las causas y consecuencias que hayamos detectado en un cierto escenario político necesariamente temporal, que será dinámico y en él, según vaya evolucionando, transformándose, estas mismas causas pueden dar lugar a reacciones imprevisibles o ser -simplemente- sustituidas o superadas por otras distintas que vayan apareciendo.
En todo caso el efecto a que den lugar las medidas que tomemos no tiene por qué ser lineal. Dicho de otra manera, en política la complejidad ejerce su influencia en cualquier relación causa-efecto, por mucho que aparentemente consigamos aislarla e intentemos emular una partida de ajedrez.
Esta introducción llamando a la precaución política de no caer en el determinismo, cobra especial importancia a la hora de reflexionar sobre el desarrollo de los acontecimientos políticos que están teniendo lugar en Cataluña. Las variopintas descripciones que proliferan en los medios de comunicación hablan de «choque de trenes», «rumbo de colisión» y otros escenarios de parecido tenor, momentáneamente finalistas. Todas las reseñas tienen en común un trasfondo determinista y lineal, bien que prudentemente se suelan matizar con la apostilla «… claro, si no pasa algo inesperado…», casi siempre cargada de negros presagios. Es la amenaza de un impredecible cisne negro.
Las decisiones que van tomando los protagonistas sociales del desaguisado político (p. ej., el «… se responderá proporcionalmente…») que se está condimentando, porque cociéndose ya lleva mucho tiempo, ayudan a mantener este determinismo en la cadena de acciones y reacciones reforzando la sensación ilusoria de control sobre los efectos a que puedan dar lugar.
Semejante dinámica determinista se robusteció (bajo una óptica revolucionaria diríamos que inevitablemente) hacia posiciones más cerradas y maximalistas al comprobar que la participación popular en la última celebración de la Diada, en términos de apoyo al ‘procés’ en su vertiente independentista más radical, o sea, la Ley de Transitoriedad y la subsecuente proclamación de una República catalana, no había tenido la repercusión esperada en una población que, a efectos de movilización, supone ~ 6,3 MM de habitantes mayores de 15 años y, a efectos de votación, arrojaba ~ 5,5 MM de personas según censo de 2015.
Según los escasos datos fiables disponibles y excluyendo Barcelona capital, las manifestaciones presenciales fueron cuantitativamente muy escasas en las grandes urbes catalanas y prácticamente nulas en las de tamaño pequeño o mediano. En todos estos entornos ciudadanos ya no se percibió la celebración de la Diada como el fenómeno de sociabilidad y presión social popular encontrado en años anteriores. Ahora la llamada a participar suponía integrarse en un instrumento político claramente sesgado hacia el «SI». El razonamiento podría extrapolarse a la misma Barcelona si se descontara el número de participantes llegados de otras regiones catalanas.
Aceptando estos argumentos el movimiento independentista tiene su apoyo social limitado en cuanto a la voluntad popular de participar en movimientos maximalistas o en exceso rupturistas. Es el ‘seny’ social.
Por parte del Gobierno no se están buscando salidas a este círculo vicioso, posibles alternativas que el calendario va dificultando según pasan los días y el 1-O se viene encima. Para el día después y siguientes queda amplio margen para aplicar la imaginación política que tenga voluntad negociadora. Un buen ejemplo nos lo ha dado iniciativa del PSOE (que fue tomada con anterioridad al 1-O…) proponer -con éxito- una Comisión parlamentaria de Evaluación y Modernización del Estado Autonómico.
El arsenal de medidas gubernamentales que se han puesto en marcha para ahogar la posibilidad de llevar a cabo un referéndum que tenga el menor atisbo de credibilidad nacional e internacional, tropieza con este maximalismo lineal que decíamos reforzado tras la Diada, pues chocan con un factor específico, un principio clásico en la estrategia de cualesquiera grupos revolucionarios. Éstos, en sus intentos por forzar el cambio de las estructuras políticas existentes (sin olvidar los cargos que las acompañan) con el objetivo de crear un nuevo modelo organizativo más favorable a las transformaciones económicas y sociales que -siempre según ellas- son imprescindibles para Cataluña, toman buena nota de que cuentan con un apoyo social inicialmente minoritario a la hora de acompañarles en sus reivindicaciones y, en consecuencia, siempre desde una óptica revolucionaria, la única salida triunfante que se plantean consiste en seguir adelante, acelerando.
Nada nuevo desde una perspectiva histórica, pues basta consultar las dimensiones sociales que tuvieron en sus comienzos los grupos iniciadores de las revoluciones americana, francesa o rusa.
Una vez más debemos repetir que hasta ahora nos hallamos ante una revolución de carácter político, un esquema revolucionario que no ha mostrado síntomas importantes de derivar en una revolución social que ambicione cambiar las relaciones de propiedad y riqueza. La amable lectora o lector que haya llegado hasta aquí, puede sustituir la evocadora y a veces molesta palabra revolución por cualquiera de los muchos sinónimos que ofrece la lengua castellana.
