La salida de los restos de Franco del Valle de los Caídos abre un amplio horizonte a su resignificación en clave democrática
El 25 de octubre de 2019 pasará a la Historia como una jornada gozosa y memorable. También, como un avance señero de la conciencia democrática en España. El destierro de Francisco Franco del paraje de memoria que tan inhumanamente ocupaba en Cuelgamuros hasta el cementerio de Mingorrubio, en El Pardo, ha constituido una compensación simbólica cargada de significado. Miles de desterrados hacia la muerte o el exilio, condenados a morir o a marchar tras cuatro largas décadas de impostura, encuentran ahora, en la exhumación del dictador, necesaria reparación simbólica.
Toda persona de buena voluntad sabe que Franco no merecía permanecer en el Valle. No era caído en la Guerra Civil, puesto que por él, por su mediocre soberbia y por la mezquina pobreza de su carácter, hasta 33.800 personas de cuantas por su culpa cayeron en aquella desgarradora contienda permanecían forzosamente sepultadas a su lado. Y a más de la mitad de ellas, sin siquiera permitírseles yacer con su nombre propio. En el registro de las aberraciones de la Historia figurará en los puestos más altos la presencia de Franco en el Valle de los Caídos, hoy felizmente concluida.
Un horizonte nuevo
Se abre pues, ahora, un horizonte nuevo para aplicar, no solo al ámbito de los símbolos sino al terreno de los hechos concretos, un reacomodo de España con su memoria democrática. ¿Qué hacer a partir de ahora con el Valle? Muchas son las ideas vertidas y las posibles respuestas. La probable resignificación del lugar abre la posibilidad de transformarlo en un paraje real de evocación de la historia española y asimismo, de la contienda civil, hechos sobre los que tantos enigmas se proyectan todavía. Una norma preconstitucional, la ley de Secretos Oficiales de 1968, carente además de plazos de desclasificación, sigue sepultando en el silencio más hermético la práctica totalidad de la memoria histórica oficial de España.
Parecería sensato –y factible- que el Estado democrático se planteara trasladar a la basílica, convenientemente desacralizada, los restos de Miguel Hernández, Antonio Machado y Manuel Azaña, a la espera de que surta efecto el compromiso estatal por localizar los restos mortales de Federico García Lorca, para llevarlos junto a los de sus compañeros poetas y los del presidente del Gobierno de la República, que yace en suelo francés, en Montauban, no muy distante de Colliure, donde descansan los del vate de los Campos de Castilla. ¿Por qué no albergar también allí los restos mortales de otras personas de la política o las armas republicanas, socialistas, comunistas, anarquistas, nacionalistas, que fallecieron lejos de España, en el exilio interior o bien en la lucha por las libertades democráticas bajo el franquismo, como las Trece Rosas, Trifón Gómez, Julián Grimau, Pedro Patiño, Enrique Ruano, los cinco de Vitoria, los laboralistas del despacho de Atocha, Puig Antich y tantos otros…? Ello sí que transformaría el Valle en un verdadero lugar de memoria y reconciliación, junto a los caídos del bando nacional entre los que seguiría sepultado José Antonio Primo de Rivera, fusilado en Alicante en 1936. Todo ello, claro está, con la aquiescencia de sus familiares. Y, eso sí, un estatuto jurídico consistente, no el que de manera legalmente tan lábil –una mera disposición adicional a una norma- vincula Cuelgamuros a Patrimonio Nacional.
La presencia de tan amplio y significativo conjunto de restos mortales dignificaría el entorno donde tantas gentes yacen desde 1959, año en que comenzaron las entradas al valle y las sacas de lejanos cementerios, columbarios y fosas. Este reto pone a prueba la copiosa creatividad e imaginación que cabe idear en un proyecto de Estado como el que así se configura.
El libro más caro de la Historia de España
Conviene que se sepa: el libro más caro de la historia de España, que consta de tan solo dos ejemplares, se confeccionó como un presente que el Ayuntamiento madrileño, le regaló al dictador en los años 60. El Consistorio madrileño se hallaba a la sazón regido entonces por el implacable ex juez togado militar Carlos Arias Navarro, firmante de decenas de condenas a muerte en la Málaga ocupada por las tropas de Franco. Con tejuelos y herrajes áureos, cada uno de los libros costó diez millones de pesetas de la época, casi un millón de euros en cifras de hoy, según algunas estimaciones. Un ejemplar se conserva en la biblioteca del monasterio benedictino; el otro, en la Biblioteca del Palacio Real. En su texto constaban, por provincias, las identidades de los caídos procedentes del bando franquista; pero no figuraba ni uno solo de los nombres de los republicanos caídos.
Es este un dato más que explica, en su origen, que el Valle de los Caídos no fuera en absoluto ideado como símbolo de reconciliación, como el régimen franquista aventaría de manera propagandística década y media después de iniciar su construcción en 1941, sino que fue erigido como expresión y homenaje a un único bando: el vencedor por las armas tras la Guerra Civil. Para ello se irguió una gigantesca cruz en granito, de 150 metros de altura y 50 metros en los brazos, con certeza la más grande del mundo de sus características. También se excavaron más de 250 metros de roca viva en una oquedad de unos 30 metros de altura. Su diseño se encargó a los arquitectos áulicos, mimados por el régimen, Pedro Muguruza y Diego Méndez. El propio Franco modificaría los proyectos a su antojo. Eso sí, con 20.000 presos políticos como forzosos operarios y una ficticia y cacareada “redención de pena” – ¿de qué pena se acusaba a una persona por el mero hecho de haberse afiliado a un sindicato durante la República? –.
Sin embargo, distintos testimonios orales de técnicos que participaron en las obras señalaron que el trueque del contenido funerario unilateral del Valle –la presencia de restos de combatientes del bando franquista- y la entrada de restos de combatientes republicanos, más de 12.000, se produjo en el contexto de las negociaciones entre la Casa Blanca y Franco sobre los acuerdos militares de 1953 para asentar bases militares estadounidenses en territorio español, acuerdos que a partir de entonces cercenarían hasta hoy la soberanía de España. Por razones de real politik y ante el temor de que Franco pudiera ser derrocado, Washington exigía al régimen franquista, en las cláusulas secretas del acuerdo, un gesto cualquiera, pero relevante, hacia los vencidos. Demócratas y Republicanos estadounidenses veían con suspicacia los nexos de la Casa Blanca con el dictador ferrolano, por su alianza bélica con el nazi-fascismo de Hitler y Mussolini durante la reciente contienda mundial, tan sangrienta para los combatientes estadounidenses. Y el entorno del dictador, temeroso de irritar a Washington y deseoso de que olvidara tal alianza de Franco, ya con las obras del Valle bastante avanzadas, le propuso enterrar también allí a los caídos republicanos a lo que el dictador, medrosamente, se avino.
Desde luego, la conversión del Valle en un verdadero memorial demandaría un previo funeral cívico de Estado, mediante el cual la sociedad española despidiera con honores a quienes lucharon por una España mejor y merecen descansar en paz para siempre, fuera ya de las cunetas y de las fosas anónimas donde yacen, todavía, más de 100.000 compatriotas nuestros.
