Entre el 28 de abril y el 26 de mayo la gran mayoría de los españoles han votado en tres urnas. Un buen número de españoles lo han hecho en cuatro y algunos hasta en cinco. Hemos celebrado elecciones generales, europeas, municipales, autonómicas, para los cabildos insulares…
El pronunciamiento democrático de los españoles en el tiempo reciente ha sido, por tanto, profuso. Pero es que, además, ha sido claro. Porque el PSOE ha ganado las elecciones generales, las europeas, las municipales y hasta diez de doce elecciones autonómicas. De hecho, el Partido Socialista prácticamente duplica en escaños a la segunda fuerza política en el Congreso.
La voluntad popular se ha expresado con nitidez. Los españoles quieren para España un Gobierno liderado por el PSOE y presidido por Pedro Sánchez. Quieren un Gobierno que aplique una agenda de avances sociales. Y quieren un Gobierno eficaz, capaz de cumplir su programa y, en consecuencia, estable.
A partir del vaticinio contundente de las urnas, a las fuerzas políticas con representación en el Congreso de los Diputados solo les quedan tres opciones: o respaldan ese Gobierno de progreso; o procuran una alternativa viable; o se hacen a un lado, sin obstaculizar su investidura.
Esta es la responsabilidad de cada una de las trece fuerzas políticas que forman los ocho grupos parlamentarios del Congreso. Y la mayor responsabilidad corresponde, lógicamente, a los grupos con más representación: al propio Grupo Socialista, al PP, a Ciudadanos y a Unidas Podemos.
Unidas Podemos ya ha mostrado su disposición para apoyar a un Gobierno progresista y a su agenda de avances sociales, y trabaja junto al PSOE en su definición.
Por eso nos dirigimos especialmente a PP y Ciudadanos. Porque no es aceptable el planteamiento hecho público por Teodoro García Egea, secretario general del PP, primer partido de la oposición. Ha dicho literalmente que “no solo no vamos a facilitar la investidura, sino que vamos a dificultarla todo lo posible”.
El PP podría intentar la conformación de una alternativa a la investidura de Pedro Sánchez, pero sabe que no es posible. Por tanto, solo hay dos posiciones legítimas y compatibles con el interés general. Se entiende que no voten a favor de un candidato que fue claro adversario electoral, pero pueden contribuir al desbloqueo de la investidura con su abstención. Lo que no es legítimo es el obstruccionismo y el boicot sin alternativa posible.
Hay quienes evocan un supuesto paralelismo con la posición contraria a facilitar la investidura de Rajoy que algunos mantuvimos en el seno del PSOE en el año 2016. Pero no cabe tal equivalencia. Entonces se trataba de investir como Presidente del Gobierno al máximo dirigente de un partido imputado, y finalmente condenado, por corrupción. Además, había alternativas. Difíciles, pero las había. Ahora no es el caso.
También es cierto que en diversos ámbitos políticos y doctrinales se está planteando desde hace tiempo la pertinencia de reformar el artículo 99 de la Constitución, a fin de articular un procedimiento de investidura que no permita los bloqueos. Ya hay precedentes muy interesantes en el Parlamento vasco y en el asturiano. Pero el artículo 99 dice ahora lo que dice, y a eso hay que atenerse.
Corresponde, pues, investir un Gobierno progresista, y corresponde investirlo cuanto antes. Acaba de hacerse público el prestigioso Informe Foessa, que ha descrito un panorama de exclusión y desigualdad social insoportable en nuestro país. Entre sus prioridades de Gobierno, el Presidente Sánchez ha hablado también de la digitalización pendiente en nuestra economía, de la transición ecológica, de la regeneración democrática, de la convivencia territorial, del fortalecimiento de nuestro papel en Europa…
Los problemas y los desafíos de la sociedad española no pueden esperar a los juegos tácticos de algunas fuerzas políticas. Por eso cabe exigir responsabilidad a todos los actores que han obtenido en las urnas, en una u otra medida, el encargo de velar por los intereses generales.
