El coordinador general del PP y hombre de confianza de Feijóo, Elías Bendodo, ha manifestado que “Ahora, la calle es nuestra”.
Se trata de una aseveración de alcance, desde luego.
La derecha española ha pasado de denigrar las movilizaciones callejeras a no salir de la calle.
Han pasado de tachar como “pancarteros” a quienes participaban de cualquier movilización a organizar manifestaciones ruidosas, mitines callejeros y hasta una kale borroka de insultos al gobierno en cada 12 de octubre.
Claro que cuando la derecha sale a la calle no lo hace para reivindicar un nuevo derecho, o una nueva prestación para algún colectivo necesitado, o la mejora en un servicio público mejorable. Tampoco ocupa la calle para ejercer la crítica saludable al poder.
La derecha ejerce como dueña de la calle para reclamar el poder. Y para deslegitimar a cualquier otro actor político que se atreva a ejercer el poder.
Cuando la derecha política declara que “la calle es nuestra” o cuando la derecha mediática titula acerca del “veredicto de la calle” está contraponiendo la calle a las instituciones del país.
Si gobierna la izquierda, a la legitimidad de las instituciones democráticas se le contrapone la supuesta legitimidad de la calle y de su veredicto. Si las instituciones se pronuncian en función de la legitimidad de los votos, “la calle”, cuando la ocupa la derecha, se pronuncia desde la legitimidad moral de quienes representan a “España” y “los buenos españoles”, más allá de las urnas y los escaños.
Lo paradójico es que estos pretendidos dueños de la calle dicen actuar “en defensa de la Constitución”. Pero no hay un solo artículo de ese texto que sitúe las manifestaciones derechistas y los mítines en el barrio de Salamanca de Madrid por encima del Congreso de los Diputados.
Al parecer, el “veredicto de la calle” en la vocinglera odiadora de cada 12 de octubre en Madrid prepondera sobre los pronunciamientos de los representantes de los españoles, que actúan en las Cortes constitucionales merced al voto libre de los españoles.
Es el mismo pensamiento que llevó a Miguel Tellado, vicesecretario de organización del PP, a justificar el acoso de un exaltado ultra al diputado socialista Oscar Puente, cuando se dirigía a intervenir precisamente en el Congreso de los Diputados.
Si la legitimidad para decidir quién puede o no puede gobernar en España se dilucida en las concentraciones derechistas de Colón, o si las políticas que aportan o niegan “dignidad” a España se dirimen en los coros de voceros ultras en la Castellana, ¿para qué le sirven al PP la Constitución y las instituciones?
La alusión a la legitimidad de “la calle” frente a los votos de los españoles y las instituciones democráticas no es nueva en la historia de España. Se atribuye también aquello de “la calle es mía” al propio fundador del PP, Manuel Fraga, cuando era ministro de España en periodo no democrático. Y frases parecidas han servido de fundamento ideológico en buena parte de los golpes y pronunciamientos derechistas contra las libertades en los dos últimos siglos de la historia patria.
La soberanía nacional no reside en “la calle”, sino en el pueblo español representado en las instituciones democráticas.
El gobierno de España no lo decide “la calle”, ni los partidos de los autoproclamados “buenos españoles”, sino la ciudadanía española a través de los diputados y diputadas que votan en elecciones libres.
Las políticas y las leyes que se proclaman en España no las dictan los vocingleros mal educados de cada 12 de octubre, sino las mayorías legítimas que se construyen en las Cortes Generales.
Los socialistas llevamos siglo y medio de lucha reivindicativa en las calles de España, y jamás en este siglo y medio hemos contrapuesto la reivindicación callejera a la legitimidad de las instituciones en democracia.
Calle, sí. Respeto democrático, también.
