Por Rafael Simancas*.- | Junio 2018
La decisión del Gobierno español para acoger a los 629 refugiados de un barco a la deriva ha causado una conmoción paradójica. El gesto del ejecutivo socialista responde a la legalidad internacional y a los valores humanitarios más elementales. Sin embargo, la repercusión de esta medida ha sacudido instituciones y conciencias a lo largo y ancho de toda Europa.
Pedro Sánchez ha hecho gala de coherencia y valentía al no dejarse llevar por las corrientes populistas y xenófobas que recorren buena parte de las cancillerías europeas. Varios gobiernos del este desafían cada día los Tratados Europeos vulnerando los derechos de millones de inmigrantes. Incluso dirigentes de naciones con tanta solera democrática como Italia, Alemania o Austria señalan a los venidos de fuera, para culparles falsamente de los problemas de precariedad social, para simular su propia incompetencia, o para recoger unos cuantos votos agitando los instintos más primarios.
La acogida española del Acuarius ha dejado igualmente en evidencia a las instituciones de la Unión Europea, incapaces de afrontar el desafío migratorio con una estrategia común y ausentes en un debate que amenaza con socavar los valores de igualdad y solidaridad sobre los que se construyó el proyecto común. La Comisión Europea permite a los Estados el incumplimiento flagrante de la legalidad, ignora la falta dolosa de diligencia respecto a los compromisos de acogida, y hace como que no oye las bravatas fascistoides de los Salvini, los Seehofer, los Orbán, los Kurz, y todos los demás.
Al mismo tiempo, el Gobierno Sánchez se ha situado a la altura de los principios mayoritariamente solidarios de la sociedad española. El número de inmigrantes que llegan a nuestro país desde África, Oriente Próximo o América Latina es semejante en cantidad y problemática al que arriba en otros países de nuestro entorno. Sin embargo, las expresiones de rechazo son aquí muy minoritarias. De hecho, el amago de algunos dirigentes de la derecha española para desmarcarse de la decisión del Gobierno y agitar el espantajo del ‘efecto llamada’, fue rápidamente anulado por el ofrecimiento de colaboración que hicieron público los principales gobiernos territoriales del PP, de Galicia y Castilla-León a Málaga, por ejemplo.
Resulta muy preocupante el éxito electoral que tienen los discursos de identidad en muchas democracias. El ‘italianos primero’ del Salvini de hoy se asemeja al ‘América first’ de Trump y al ‘britain first’ de los partidarios del brexit. Es una respuesta simple a los problemas, facilona de explicar y movilizadora por emocional: ‘aquél que viene de fuera es el culpable de tus sufrimientos’. A la vez, es una respuesta reaccionaria, porque fomenta el egoísmo y la insolidaridad. Y, sobre todo, es una respuesta peligrosa, porque la historia enseña que los discursos que exacerban la identidad suelen conducir al rencor, al odio, a la discriminación y a la quiebra de la convivencia. En España, esta estrategia ha sido abrazada tan solo por una parte del separatismo catalán, pero el daño ocasionado es evidente y grave.
Los planteamientos xenófobos que se esgrimen como arma electoralista de manera irresponsable no aguantan el más mínimo contraste racional con la realidad. Sostener, como hace el nuevo gobierno populista italiano, que los poco más de diez mil inmigrantes irregulares que han llegado a sus costas en lo que va de año suponen una amenaza para la economía, el empleo y la cultura de una sociedad de 60 millones de ciudadanos en la tercera economía de Europa, no es solo una mentira. Es un insulto a la inteligencia de los propios italianos.
El Gobierno socialista ha proporcionado una inyección de dignidad y orgullo a la sociedad española y ha dado una lección de coherencia y valentía al conjunto de Europa.
¡Y decían que todos éramos iguales!
- * Rafael Simancas es Diputado electo por Madrid, Secretario General del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados y Profesor de Teoría Política de la Universidad Rey Juan Carlos
