Por Rafael Simancas*.- | Mayo 2018
El auge y caída de Cristina Cifuentes en la Comunidad de Madrid podría servir de argumento para una película acerca de una determinada concepción del poder político. De hecho, la etapa de gobierno del PP madrileño entre 1995 y hoy mismo daría para toda una serie, que rivalizaría claramente con los seriales más rentables de las factorías HBO o Netflix, en cuanto a la crueldad de los personajes o los giros dramáticos en el guion.
Para la gran mayoría de quienes dedicamos nuestro esfuerzo a la tarea política, quiero pensar, el poder político responde precisamente a aquello que establece el diccionario de la Real Academia: la facultad o potencia de hacer. Se trata, por tanto, de un instrumento habilitante y capacitador para llevar a la práctica unas ideas determinadas en búsqueda del bien común.
En democracia, por tanto, el poder constituye una oportunidad que concede temporal y condicionadamente la ciudadanía para llevar a cabo un programa político concreto, atendiendo al interés general y sometido a los controles legales. Y el poder es, al mismo tiempo, compromiso para con el resto de la sociedad y responsabilidad en el cumplimiento del cometido correspondiente.
Para cualquier responsable político sería absurdo abjurar del poder o rechazarlo de forma voluntaria. El poder de gobernar o de legislar, por ejemplo, permite adoptar decisiones que transformen la realidad en el sentido que indican las convicciones propias. La expresión y la reivindicación de las ideas, por interesante que resulte, siempre adolecerá de la recompensa que produce su plasmación práctica mediante el ejercicio democrático del poder. Los políticos aspiran, buscan y quieren, queremos, el poder, naturalmente.
Ahora bien, lo que la ciudadanía madrileña lleva más de veinte años contemplando en el gobierno de su Comunidad no tiene nada que ver con esta noción democrática del poder. El núcleo de dirigentes del PP que han protagonizado la política madrileña en este tiempo concibe el poder como un atributo al servicio de la voluntad personal y de los intereses propios. Se trata, además, de un poder desnudo del ropaje de la moralidad y factualmente ajeno a los controles democráticos.
Este poder se ejerce en beneficio propio, reclamando comisiones por la concesión de obra pública o usurpando un título académico para el que no se han reunido los méritos debidos. Es un poder para provecho de la camarilla propia, sean compañeros de partido, socios de empresa, familiares o amiguetes. Y se trata de un poder que faculta también para controlar, chantajear o fulminar al enemigo político, sea del partido opositor o, mucho más frecuente, sea del partido propio, mediante seguimientos policiales, ‘gestapillos’ o dosieres.
Quienes participan de esta concepción del poder no contemplan límites legales ni éticos para alcanzarlo. Por ejemplo, corrompiendo a dos diputados para dar un golpe antidemocrático e impedir la formación del gobierno que ha ganado limpiamente las elecciones. Y si hacen lo necesario para llegar, tampoco muestran escrúpulo alguno en sus maniobras para mantenerse. Por ejemplo, acudiendo al dopaje financiero con dinero negro en las campañas electorales. Pero donde las dan, las toman, y quienes ejercen de este modo el poder suelen acabar muertos políticamente por fuego amigo. Por ejemplo, con la difusión de un vídeo personalmente humillante.
Importa mucho identificar claramente a esa minoría que ejerce el poder cual si se tratara de una mafia, para distinguirla claramente de la mayoría que concibe el poder como el ejercicio de una responsabilidad democrática y ética. Porque esto último es hacer política. Lo primero, no. Lo primero es otra cosa. Es algo contra lo que algunos llevamos dos décadas luchando en Madrid. Es algo que la sociedad madrileña no se merece y que debemos erradicar. De una vez por todas.
- * Rafael Simancas es Diputado electo por Madrid, Secretario General del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados y Profesor de Teoría Política de la Universidad Rey Juan Carlos
