La Primera República propuso un proyecto alternativo para España en lo organizativo, como puso de manifiesto el Proyecto constitucional de 1873, al plantear un modelo federal, alejado del centralismo impuesto por los Borbones en el siglo XVIII y mantenido con reformas por el liberalismo desde Cádiz, aunque también diferente al desafío de los nacionalismos sin Estados que muy pronto aparecería en el panorama político de la España del último cuarto del siglo XIX.
Menos conocida es la preocupación democrática y social del primer régimen republicano español, que se puede comprobar en la legislación aprobada en las Cortes y en los proyectos y proposiciones que no llegaron a su culminación. En este artículo no queremos abordar el modelo organizativo territorial, sino otros aspectos mucho menos conocidos, pero que también suponían cambios importantes, aunque no se pudieron consolidar.
Los republicanos plantearon una verdadera alternativa democrática y social frente al modelo liberal moderado o conservador que había establecido el régimen isabelino. Estos planteamientos pueden ayudar a entender una parte de las causas del fracaso de la República en aquel momento, cuestionando la tradicional visión sobre el supuesto caos y la inestabilidad como únicos factores explicativos, y que tanto éxito ha tenido gracias a la interpretación que los sectores políticos, económicos y sociales dominantes plantearon para acabar con aquel régimen político e instaurar el de la Restauración canovista.
En las Cortes se presentaron proyectos que sin abordar una completa reforma agraria sí promovían cambios en la estructura de la propiedad que provocaron la alarma de los grandes propietarios. Repasemos los proyectos. El 23 de junio se presenta una proposición de reparto de tierras a censo reservativo, solicitando la no inclusión en las leyes de desamortización de los bienes propios de los pueblos. En el mes de julio se planteaba un proyecto de ley sobre venta a censo reservativo de los bienes de aprovechamiento común. A principios de agosto una proposición de ley pedía la devolución a los pueblos de los terrenos de aprovechamiento común. Esta cuestión es importante porque la desamortización de Madoz dejó a los consistorios sin uno de sus pilares económicos, y a los vecinos sin un recurso fundamental para vivir.
El 18 de agosto, por su parte, se planteaba un proyecto de ley sobre reparto a braceros de terrenos faltos de cultivo. Dos días después se aprobaba la única ley en materia agraria, la redención de foros, aunque fue derogada por Serrano en febrero de 1874. Todos estos proyectos iban en la misma línea, a favor de los campesinos y jornaleros, pero, como vemos, o no llegaron a aprobarse, o fueron derogados inmediatamente en la Dictadura posterior. La reforma agraria siguió siendo una de las grandes asignaturas pendientes, y tuvo que llegar otra República para abordarla, para luego frustrarse con el franquismo. La reforma agraria siempre fue un claro motivo de enfrentamiento porque tocaba una estructura de la propiedad harto injusta, y está entre una de las causas del golpe del 18 de julio.
La Primera República también se preocupó de las relaciones entre los trabajadores y los patronos. Recordemos el miedo que generó en la burguesía española la llegada de la Internacional y la reacción de la misma en tiempos de Amadeo de Saboya. El 14 de agosto se presentó un proyecto de ley sobre Jurados Mixtos que pretendía establecer un instrumento para la resolución de los conflictos laborales entre los empresarios y los obreros. Anteriormente se habían planteado algunos precedentes, pero ahora se pretendía elevar la cuestión a rango de ley y de forma general para todo el país. Por fin, el 24 de julio se aprobó la Ley sobre protección del trabajo de los menores de dieciséis años, y dos días después se estableció la Ley sobre protección del trabajo de niños en los circos.
No parece mucho desde la distancia, pero no debemos olvidar que la República duró escasos once meses, y fueron las primeras preocupaciones sociales, el inicio de una nueva sensibilidad.
