Por Miguel Ángel Rodríguez*.- | Marzo 2018
En los últimos meses ha arreciado la controversia en relación a la reforma de la financiación autonómica y por ende, de la financiación local. Me gustaría aportar alguna reflexión al respecto, aunque sin ánimo de ser exhaustivo ni de pontificar ‘ex cátedra’. Desde el ámbito académico y doctrinal ya se ha escrito y debatido mucho sobre el asunto, llegando a la conclusión de que es necesaria y casi urgente esta reforma. El debate ha arreciado sobre todo desde que viera la luz el informe del grupo de expertos creado por el Gobierno, cuyos miembros fueron elegidos, a partes iguales, por la FEMP y por la propia Administración General del Estado. Me gustaría aportar, por tanto, una visión práctica de la realidad de nuestros ayuntamientos. Puesto que la teoría nos la sabemos todos y coincide básicamente con las conclusiones de esa comisión, se trataría de ver la cuestión desde al ámbito práctico. En definitiva y parafraseando a Lope de Vega se trataría de ‘pasar de las musas al teatro’. Aterrizar en la realidad local. Vamos a empezar viendo de dónde venimos. Venimos de la mayor crisis económica y financiera de las últimas décadas (sin entrar en las causas, ni en las soluciones). Una crisis que se ha cebado con los ayuntamientos que, en la mayoría de los casos, fiaron sus ingresos a la fiscalidad derivada de la construcción y del sector inmobiliario y que, cuando esos ingresos fallaron, falló la fuente de financiación de un gran porcentaje de gasto corriente. No digo que esto estuviera bien, digo que fue así en la mayoría de los casos. Ejemplo real: En 2005 un ayuntamiento de capital de provincia, de tamaño medio, tuvo una recaudación líquida de ICIO de 1.995.610 euros. En 2011 esa recaudación había bajado hasta los 885.699 euros. En Plusvalía se pasó de una recaudación líquida de casi 900.000 euros en 2005 a 600.000 en 2011. Pero además no fue una bajada gradual desde un año a otro. La bajada fue abrupta, los ingresos por ICIO literalmente se desplomaron durante esos años. En determinados momentos se hizo muy difícil garantizar los servicios públicos. En esos momentos de ‘vacas flacas’ se pusieron de manifiesto tres realidades: que los entes locales necesitan un nuevo modelo de financiación. Además se hizo evidente que hacía falta delimitar claramente las competencias de los ayuntamientos, porque buena parte de los escasos recursos municipales se iban en gastos que eran competencia de otras administraciones. Y también nos dimos cuenta de que en los años de bonanza se había gastado demasiado alegremente ¿Cuándo te das cuenta de que el bañista está desnudo? Cuando baja la marea. La crisis fue como una especie de bajada de la marea que dejó las vergüenzas de los consistorios al descubierto.
Otro hándicap que tienen los ayuntamientos es la actuación del legislador y de los tribunales. En cuanto a la actuación del legislador, se establecen bonificaciones fiscales que tienen una clara incidencia en los ingresos municipales. Merma de ingresos que por regla general no lleva aparejada mecanismos de compensación. Y por otro lado hay decisiones judiciales que también inciden. Baste señalar la STC de 11 de mayo de 2017 en cuestión de inconstitucionalidad en relación con el artículo 107 del texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que estima inconstitucional someter a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor en relación a la Plusvalía. Inmediatamente, ese mismo mes de mayo, muchos ayuntamientos elevaron una propuesta a la Junta de Gobierno Local o al órgano que tenga atribuida la competencia, suspendiendo la práctica de liquidaciones en concepto de Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (plusvalía) en aquéllos supuestos en los que el contribuyente manifieste la inexistencia de incremento de valor, hasta que el legislador establezca las nuevas reglas del juego. Algún otro ayuntamiento ha decidido seguir liquidando este impuesto arriesgándose a tener que devolver después lo ingresado si el contribuyente acude a la Justicia. Desde ese momento los consistorios ya están dejando de ingresar cantidades con las que, hasta la fecha, contaban. La situación es grave y compleja. El Gobierno ya ha anunciado reiteradamente que tiene voluntad de afrontar esta reforma cada vez más demandada, pero dejando claro que el sistema de financiación tiene que estar fundamentado en principios constitucionales tan importantes como la estabilidad presupuestaria. La actual situación presupuestaria y financiera de los ayuntamientos ha mejorado sensiblemente desde el punto de vista de los ingresos. Hemos sido consecuentes con ese principio de estabilidad y por eso crecemos. En contra de abordar el proceso juegan factores como la inestabilidad política (tema Cataluña) y la posible falta de consenso parlamentario para abordar esta necesaria reforma.
- * Miguel Ángel Rodríguez es Portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Ciudad Real y en la Diputación Provincial, Licenciado en Derecho y Diplomado en Altos Estudios de la Defensa, ha sido Senador en la X Legislatura
