Imaginen al conductor de un vehículo que pretende circular por una calle prohibida. La policía le indica que su intención contraviene la norma municipal, y el conductor alega que la norma le disgusta, que reclama cambiarla y que, mientras tanto, circulará por donde le de la gana.
Imaginen igualmente al contribuyente que se niega a pagar el IRPF porque reivindica una mayor desgravación. O al atracador del banco que reclama despenalizar su comportamiento en tanto no se le garantice una renta aceptable.
Les costará menos imaginar a un cargo público independentista que se niega a suspender un referéndum soberanista por estar en desacuerdo con la Constitución Española.
Pues este es en esencia el comportamiento del PP de Feijóo en relación a la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Se niegan a cumplir la legislación vigente, porque no les gusta. Y solo cumplirán la ley si se hace una ley que les guste.
El propósito del PP al sostener semejante actitud es intolerable, porque buscan mantener una composición favorable a sus intereses en un poder del Estado, incumpliendo la legalidad vigente y contraviniendo la voluntad democrática de la ciudadanía expresada en las urnas.
Y tanto la estrategia como las explicaciones públicas con que sustentan tal propósito resultan aún más inaceptables, porque se atribuyen total impunidad para sabotear el ordenamiento jurídico, y reclamar la aprobación de nuevas leyes contra el criterio y la voluntad de la mayoría de los españoles representados en las Cortes Generales.
En puridad, esto es lo que exige el PP: que se apruebe una nueva ley para elegir a los integrantes del órgano de gobierno de los jueces, al dictado de aquellos que perdieron las elecciones generales por voluntad de los españoles.
Pero en las democracias serias las leyes se aprueban en función de las mayorías y no por voluntad de las minorías, aunque estas últimas actúen de manera artera, con bloqueos y chantajes.
El modelo vigente para la elección de los vocales del CGPJ, por otra parte, es el mismo que ha estado vigente durante las últimas tres décadas. Los jueces proponen y los legítimos representantes de la ciudadanía española deciden.
Este sistema es el que se ha aplicado cuando el PP estaba en mayoría en las Cortes.
Está avalado por el máximo intérprete de la Constitución Española, el Tribunal Constitucional, mediante sentencia dictada en el año 1986.
No afecta a la independencia de la justicia, que se administra por Jueces y Magistrados “independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley”, como garantiza la propia Constitución en su artículo 117.
No contraviene Tratado, Directiva, norma u orden alguna de la Unión Europea, pese a lo que se sostiene falazmente.
Y, además, es un modelo con garantías democráticas.
¿Por qué va a ser más democrático que los jueces elijan a los jueces? No estamos hablando de elegir a los integrantes de una asociación profesional o la dirección de un sindicato, sino del gobierno de un poder del Estado, nada menos, en un régimen democrático, además.
¿Desde cuándo es más democrático el voto de 5.000 integrantes de una corporación, que el voto de los legítimos representantes de 47 millones de españoles, a la hora de elegir el gobierno de un poder del Estado?
No. Ningún ciudadano de un Estado Democrático de Derecho puede elegir qué leyes cumple, porque le gustan, y que leyes no cumple, porque no le gustan. Feijóo tampoco.
