A falta de argumentos ciertos, la derecha intenta en estos días descalificar el proyecto de Presupuestos del Gobierno con la acusación falsa del “hachazo fiscal a los españoles”. En realidad no hay subidas de impuestos para trabajadores y clases medias en los PGE 2021, pero sí se plantea un auténtico “hachazo” a la injusticia de la desigualdad, la elusión y el fraude en el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
La Constitución establece en su artículo 31 los principios de la justicia fiscal en España: “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica, mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad (…)”. Y hay mucha tarea pendiente para que, efectivamente, “todos” contribuyan y para que, justamente, paguen más quienes más ganan, quienes más tienen y, sobre todo, quienes más esconden.
Los PGE2021 no suben los impuestos con carácter general, y tampoco los bajan, ciertamente. Se eleva la presión fiscal sobre las rentas muy altas, sobre las ganancias extraordinarias de capital y sobre las multinacionales. También se avanza en la llamada fiscalidad verde, para cumplir los estándares europeos en la lucha contra el cambio climático. Y se combate con decisión el crimen de los que tratan de defraudar al conjunto de los españoles, eludiendo pagar lo que les toca pagar.
Pero no se bajan impuestos. Porque ahora no se puede bajar impuestos. Estos son unos presupuestos extraordinarios para un tiempo extraordinario: el que nos ha tocado vivir ante la formidable crisis sanitaria, económica y social de nuestros días. Y hacen falta recursos para reforzar nuestros servicios públicos, especialmente los sanitarios, y para reactivar la economía, crear buenos empleos, proteger a los colectivos más vulnerables…
La derecha practica una demagogia infame cuando alienta las demandas de bajadas de impuestos. Sector a sector, colectivo a colectivo, incluso persona a persona, se pueden encontrar argumentos razonados para reducir, hasta para exonerar el pago de impuestos. Pero ha de prevalecer el interés general, que pasa por la garantía de la suficiencia, la progresividad y la justicia en las políticas fiscales a aplicar.
Los PGE2021 constituyen el mayor esfuerzo inversor de la historia de España. No son presupuestos de austeridad. Son unos presupuestos expansivos, para reactivar la economía y crear puestos de trabajo.
No son presupuestos de recortes. Son unos presupuestos que apuestan por el impulso a la sanidad pública, a la educación pública, a la protección social mediante las políticas ambiciosas de pensiones, atención a la dependencia, acceso digno a la vivienda, lucha contra la precariedad social…
Y son unos presupuestos para la modernización del país, para abordar con éxito las grandes transformaciones pendientes en la transición ecológica, la transformación digital, la apuesta por la cultura, la ciencia, la innovación…
Para financiar todo este esfuerzo histórico, contamos con el crecimiento económico que auguran todos los organismos internacionales. Contamos también con los importantísimos fondos europeos negociados por el Gobierno de Pedro Sánchez. Y hemos de contar con el esfuerzo fiscal justo de los españoles y las españolas.
No hay, por tanto, hachazo fiscal alguno, ni subida general de impuestos, ni mayor presión fiscal para los trabajadores, los autónomos o las pequeñas y medianas empresas.
Frente a la demagogia y los engaños que propagan las derechas, estas son las verdades fiscales del PGE2021 presentado por el Gobierno progresista:
- Se aumentan dos puntos los tipos aplicables a las rentas del trabajo superiores a 300.000 euros anuales, y se suben tres puntos a las rentas del capital superiores a 200.000 euros al año. Y se reduce de 8.000 a 2.000 euros el importe de las aportaciones máximas al partícipe en planes individuales de pensiones. Por contra, se favorece el tratamiento fiscal de los planes colectivos de empresa.
- Impuesto de Patrimonio. Se incrementa un punto el gravamen a partir de 10 millones de euros.
- Impuesto de Sociedades. Se reduce la exención del 100% al 95% por las plusvalías y dividendos generados por filiales en el exterior, solo para compañías con más de 40 millones de euros en volumen de negocio. Y se impone a las SOCIMIS un gravamen del 15% sobre sus beneficios no distribuidos como dividendo.
- Se aumenta el gravamen del 10% al 21% a las bebidas azucaradas y edulcoradas, para fomentar hábitos saludables y combatir la obesidad. Pero se mantiene el tipo del 10% en bares y restaurantes.
- Impuesto sobre primas de seguros. Se incrementa el gravamen del 6% al 8%, lo que puede suponer un aumento medio en prima estándar de entre 4 y 6 euros al año. Aún estaremos muy lejos de los tipos del 12% y del 15% que se pagan en Italia y Francia, por ejemplo.
- Fiscalidad verde. La bonificación estatal del gasóleo se reduce hasta 38 euros por cada mil litros, lo que puede suponer unos 3,45 euros más al mes para un consumidor medio. No se aplica a profesionales, transportistas y taxistas. Y se está negociando con los grupos parlamentarios su alcance definitivo. También se aplican los nuevos impuestos sobre envases de plástico no reutilizables y para penalizar la gestión de residuos menos sostenible.
- Tasa Google y Tasa Tobin. Entran en vigor los nuevos impuestos sobre las ganancias en España de las multinacionales digitales (con cifra de negocios superior a 750 millones de euros), y sobre las operaciones financieras de adquisición de acciones (para empresas cotizadas con valor bursátil superior a 1.000 millones de euros).
- Nueva Ley Antifraude. La tramitación de esta ley permitirá reforzar los instrumentos y recursos a disposición de la Agencia Tributaria para perseguir la elusión y el fraude fiscal, reforzando el control de las SICAV, por ejemplo.
- Cotización social de autónomos según ingresos reales. La aplicación del acuerdo suscrito entre el Gobierno y las organizaciones representativas no supondría aumento alguno, sino un ajuste de la cotización al ingreso real de cada cotizante al RETA, conforme a tramos pactados, para mejorar la cobertura social de estos trabajadores. Más de un millón de autónomos verán reducida su cuota mensual, al no alcanzar ingresos superiores al salario mínimo.
Solo hay un hachazo en estos PGE2021: a la desigualdad y a la injusticia fiscal.
