Por Rafael Simancas*.- | Noviembre 2017
En las elecciones catalanas del próximo 21 de diciembre se adoptarán decisiones que van más allá de la configuración de un Parlamento autonómico. El resultado que ofrezcan las urnas en esta cita determinará buena parte del futuro social, económico e institucional en Cataluña y en el conjunto de España. En consecuencia, resulta previsible una muy alta participación electoral.
El desenlace del procés fallido tiene dos facetas perfectamente distinguibles. Por un lado corresponde actuar a la Justicia, con total independencia. La fiscalía ha observado la comisión de varios delitos muy graves, y en un Estado de Derecho el esclarecimiento judicial de los delitos y la determinación de las responsabilidades pertinentes no se someten a condiciones de oportunidad política. Nadie está al margen o por encima de la ley.
Por otro lado está la faceta puramente política. Y en este sentido, los electores catalanes habrán de escoger qué escenario prefieren para el día 22 de diciembre y los días posteriores. Si optan por considerar esa jornada como un punto y seguido en la escalada independentista que nos ha arrojado al abismo de la quiebra social, la huida de empresas y la excepcionalidad institucional, votarán por algunas de las candidaturas indistinguibles del secesionismo.
Si, por el contrario, la mayoría de los electores entienden que el 21-D es el momento de la revancha, de hacer pagar todos sus desmanes a los independentistas, de dar la vuelta a la tortilla ‘para que ahora sufran ellos’, puede que la derecha autonomista, PP y Ciudadanos, obtenga un resultado resaltable.
Ahora bien, si de lo que se trata es de reconstruir la convivencia desde el respeto a la legalidad, la mejor opción que tienen los catalanes es la del Partido de los Socialistas de Cataluña. Si la mayoría entiende que lo importante ahora es reconstruir confianzas y afectos para restaurar la institucionalidad catalana, el PSC representa la mejor oportunidad.
Uno de los mayores y más acertados reproches que se le han hecho a Puigdemont, Junqueras y compañía ha sido el de haber dividido a los catalanes, hasta el punto de fracturar la convivencia en el seno de las familias y los entornos de amistad y compañerismo. Para recuperar la posibilidad del reencuentro entre quienes piensan distinto y del diálogo entre los adversarios legítimos, los socialistas catalanes son los más apropiados, por pura vocación.
Dicho de otra manera, si el final de esta triste historia del proceso secesionista ha de pasar por un acuerdo, en el marco de la Constitución y de la ley, reformando si es preciso la Constitución y la ley, lo mejor que le podría pasar a Cataluña el 21 de diciembre es que eligiera a Miquel Iceta como President de la Generalitat.
Es cierto que otros promoverán las torres más altas y las almenas plagadas de arqueros, para defender este y el otro castillo, para enarbolar la bandera más alta. Pero si el futuro pasa por dialogar y acordar la convivencia en común, Iceta y el PSC son la garantía de que habrá puentes en los que encontrarse para dar una oportunidad al diálogo y al acuerdo. Porque la opción socialista en Cataluña no es una opción a la contra de nadie, sino a favor del interés común.
La ciencia política está hablando en estos días, por ejemplo, de la posición del autogobierno catalán y del resto de gobiernos autonómicos españoles en un interesante Índice de Autonomía Regional, con indicadores muy mejorables tanto en lo relativo a la self-rule (autonomía institucional) como en lo relativo a la share-rule (co-determinación de normativas). Profundicemos en lo que es mejor para todos a este respecto. Hay margen, dentro de la legalidad y la garantía de la igualdad de derechos de todos los españoles.
Y no solo cabe hablar de autogobierno en unas elecciones autonómicas. Unos y otros debieran exponer sus programas para hacer frente a los graves problemas que la ciudadanía catalana comparte con el resto de la ciudadanía española, como la precariedad laboral, el aumento de las desigualdades o el deterioro de los servicios públicos que atienden necesidades sociales básicas. Una parte de la izquierda catalana ha renunciado a sus valores de justicia social para abrazar el secesionismo. No es el caso del PSC, cuyo programa social es coherente, justo y moderno.
Las coaliciones previas que están planteando algunos tan solo servirían para prolongar el clima de confrontación identitaria. Solo se sentirían cómodos los más radicales. Dejemos que los catalanes elijan y acierten en libertad. Y tras la desolación de estos últimos años, ojalá el escenario del 22-D invite a reconstruir consensos, bienestar y futuro para todos los catalanes.
- * Rafael Simancas es Diputado electo por Madrid, Secretario General del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados y Profesor de Teoría Política de la Universidad Rey Juan Carlos
