La reciente demanda de unidad por parte del Presidente del Gobierno ante el conjunto de las fuerzas políticas, las organizaciones sociales y las empresas españolas, lleva una carga de razón incuestionable.
La sociedad española sufre la crisis más importante desde la Transición Democrática y ningún partido político que represente a la ciudadanía en las Cortes Generales tiene hoy derecho a anteponer su interés sectario sobre el interés general.
La unidad resulta imprescindible para acometer los retos colectivos más importantes de este tiempo: vencer al virus, recuperar la economía, crear empleos dignos, fortalecer el escudo social, acometer la transición ecológica justa, afrontar la transformación digital pendiente, corregir los desequilibrios territoriales, reforzar el sistema educativo, invertir con decisión en ciencia e investigación, conquistar la igualdad real de género…
Y para superar estos retos necesitamos sacar adelante unos nuevos Presupuestos Generales del Estado, aprobar leyes decisivas en trámite parlamentario, y renovar los órganos constitucionales, entre otros objetivos inaplazables.
El Partido Popular es el segundo grupo parlamentario de las Cortes Generales, lidera la oposición y ha sido partido de Gobierno. La formación de Pablo Casado tiene, por tanto, una responsabilidad muy importante en relación a todos estos propósitos de interés nacional. Sin embargo ya ha manifestado su intención obstruccionista, el no a todo.
Es necesario admitir que no se trata de una actitud novedosa en la derecha española, mientras se encuentra en la oposición. Siempre dio la espalda a los Gobiernos progresistas y a los intereses generales en los momentos más críticos.
Felipe González no contó con la AP de Fraga para el referéndum de la OTAN, ni contó con el PP de Aznar para excluir la batalla partidaria en la lucha antiterrorista. Zapatero sufrió el “¡Que se hunda España!” de Montoro ante la formidable crisis financiera de 2008. Y Pedro Sánchez acaba de recibir la negativa del PP de Casado para respaldar las prórrogas de los estados de alarma que han salvado centenares de miles de vidas.
Ahora cabe deducir tres razones, al menos, para explicar esta actitud literalmente irresponsable.
La primera es cultural y herencia del franquismo, en buena medida. Una parte importante de la dirigencia derechista en España niega legitimidad a cualquier Gobierno de izquierdas, socialista, comunista o podemita. Sencillamente entiende que, digan lo que digan las urnas, la izquierda no merece gobernar, y son otros los llamados, por su naturaleza, por herencia o por designio divino, a detentar el poder y regir los designios colectivos.
La segunda razón la ha explicitado su recién depurada portavoz parlamentaria, Cayetana Álvarez de Toledo. La derecha del PP ha renunciado tradicionalmente a dar la batalla de las ideas ante la izquierda, consciente y resignada a que la mayoría de la ciudadanía española comparta una y otra vez valores progresistas. Ante tal renuncia, para acceder al Gobierno solo cabe esperar (y promover) la debacle del país o la destrucción personal del adversario. Y tal estrategia casa mal con arrimar el hombro, incluso cuando más se necesita.
La última razón puede ser de oportunidad. Quizás Casado tiene prisa para la celebración de unas nuevas elecciones generales, aunque supongan una desgracia para un país tan necesitado de estabilidad institucional como el nuestro. Quizás teme que la demora ofrezca tiempo a sus adversarios internos para sustituirle como candidato por Feijoo o por la propia Álvarez de Toledo. Quizás entiende también que entre Vox y Ciudadanos acabarán por dejarle sin espacio.
Sean cuales sean las razones de Casado y el PP para negarse a sumar fuerzas hoy, se trata de razones espurias, mezquinas incluso, irresponsables en un contexto de crisis profunda, e impropias de un partido que representa a buena parte de la ciudadanía española.
Apostar por la deslegitimación del Gobierno, fomentar la polarización política y la división social, negarse a negociar unos presupuestos cruciales o a renovar las instituciones de nuestra democracia, debilita a la sociedad española en el momento en que más unidad y fortaleza necesitamos.
Casado y el PP están a tiempo de corregir esta estrategia en el inicio del curso político.
Atender hoy la demanda de unidad de la sociedad española y sumar fuerzas con el Gobierno en beneficio del interés general, lejos de suponer un demérito en su condición de alternativa política, situaría a la derecha española en un lugar privilegiado de consideración y respeto por parte de muchos españoles y españolas.
